«Fue un error material subsanable». Esa fue la expresión que utilizó ayer el portavoz del grupo popular de Catral, Aurelio Albero, para explicar por qué durante su etapa como alcalde en 2012 el Ayuntamiento realizó siete pagos duplicados a empresas proveedoras de productos y servicios por un importe de 57.454,74 euros cuando en realidad tendría que haber abonado 28.727, 36 euros. El concejal del PP quiso despejar dudas para asegurar que nadie se quedó con dinero del Ayuntamiento y derivar la responsabilidad a los técnicos municipales porque «un político está exento de estas responsabilidades».
Albero compareció ayer acompañado de su mano derecha en el grupo popular, la edil María Manuela Sánchez, para contestar a las informaciones del tripartito que gobierna el Ayuntamiento (Alternativa por Catral, Socialistas de Catral y PSOE), que detectaron la mencionada duplicidad de pagos a tres empresas y exigieron la devolución del dinero. A este respecto, Albero criticó la «falta de ética» del actual alcalde, Pedro Zaplana (APC), por salir a la palestra informativa a denunciar esta situación puesto que, a su juicio, la duplicidad de pagos se hubiera detectado igualmente al cerrar la contabilidad del año 2012. «Las facturas pasan por el tesorero, que dice si hay partida presupuestaria para abonarlas y liquidez, después por el interventor, que dice que la operación es legal, y por último por el político, que autoriza el pago», explicó.
Albero quiso señaló que «la Ley de Haciendas Locales contempla esto como un error material subsanable».Para Aurelio Albero, este tipo de denuncias no son más que «una cortina de humo envenenada para desviar la atención» porque el tripartito «vive de las rentas del PP». El primer edil «se jacta de que gracias al trabajo de su gobierno ha recuperado el dinero de las facturas, pero él sabe que el sistema evita la fuga de este capital. Me parece poco ético culpar al PP porque fue un hecho del que no tenemos la más absoluta responsabilidad», zanjó.
«La ordenanza de urbanismo es ilegal»
El portavoz del PP, Aurelio Albero, insistió ayer en que la ordenanza para regularizar la concesión de licencias de segunda ocupación es «completamente ilegal». El popular dejó claro su grupo quiere que los residentes en casas irregulares puedan acceder al suministro de agua y luz, pero pagando lo mismo que han pagado el resto de vecinos con edificaciones legales. Cree que el tripartito está jugando con este tema para arañar votos en elecciones.
