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TORREVIEJA

El Ayuntamiento indemniza a tres policías por sufrir «mobbing» de un superior

El municipio abonará 15.000 euros a cada uno y el fallo obligaría a expedientar al intendente. Los servicios jurídicos no fueron avisados de la decisión y deberán retirar el recurso presentado

El Ayuntamiento indemniza a tres policías por sufrir «mobbing» de un superior

La junta de gobierno del Ayuntamiento ha acatado la sentencia que le condena a indemnizar a un oficial y dos policías locales con 15.000 euros, a cada uno, por el acoso laboral ejercido por el intendente de la Policía Local, actualmente segundo en la escala de mando de la plantilla. La decisión obligaría además a la jefatura de la Policía Local, con el alcalde Eduardo Dolón como máximo responsable, a abrir un expediente disciplinario al mando condenado por «mobbing», que sí puede recurrir el fallo a nivel personal, y que hasta 2010 ejercía como jefe principal de la plantilla.

Un aspecto llamativo de la decisión municipal es que se ha producido al mismo tiempo que los servicios jurídicos municipales, sin ser advertidos del acuerdo aprobado por la junta de gobierno, han presentado un recurso de apelación de 16 páginas contra la sentencia para defender a la Administración local y al mando condenado y que deberán retirar.

La junta de gobierno del pasado 28 de febrero decidió, con el informe favorable de la secretaria, acatar la sentencia. El informe de la secretaria está fechado el 5 de febrero, el recurso se presentó en el juzgado cinco días después, la interventora informó que existía crédito para indemnizar el 20 de febrero y la junta de gobierno resolvió días después, sin que los servicios jurídicos municipales, que cobran del presupuesto municipal por realizar su labor, se enterasen de la resolución, según ha podido confirmar este diario.

Reponerlos en sus derechos

Como avanzó este diario, el juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche condenó al Ayuntamiento por el acoso laboral ejercido por el mando Alejandro Morer contra los agentes. El fallo resarce el daño moral y del perjuicio profesional producido con 15.000 euros a cada uno y pide «reponerlos en todos sus derechos». Los demandantes solicitaban 60.000 euros. La acción judicial se presentó en 2006. La Justicia ha tardado siete años en dictar una sentencia para la que cabe recurso.

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