Cuando usted baja la bolsa de basura y la arroja al contenedor participa de forma involuntaria en uno de los negocios más importantes que tiene esta provincia. La recogida y eliminación de los residuos urbanos mueve cientos de millones de euros que se incluyen en los presupuestos públicos y acaban generando jugosos ingresos a un pequeño grupo de empresas que controla el mercado. Solo en la ciudad de Alicante se destinan cada año 35 millones de euros al servicio de limpieza viaria y tratamiento de basuras, mientras que otras como Torrevieja y Orihuela gastaron 13 y 9,1 millones de euros, respectivamente, en 2013.
Y como a usted, que no le preocupa qué pasa con sus basuras cuando están ya camino de un vertedero, la Administración intenta que la gestión pase lo más desapercibida posible evitando los escándalos por grave que resulten las acusaciones. La información pública brilla por su ausencia en las páginas webs de las administraciones y los escasos datos que se facilitan a la oposición o a los medios de comunicación sobre este negocio millonario han sido dos denominadores comunes que este periódico ha encontrado durante toda la semana para elaborar esta información y tratar de aportar algo de luz.
El más claro ejemplo de cómo todo ello está pasando se encuentra en la Vega Baja, integrada en el Consorcio de Residuos 11 A-6. En sus 27 localidades se generan 247.000 toneladas de basura cada año, aunque este dato no es real, sino una estimación. De hecho, Orihuela contabiliza 40.000 y la cifra que da el Consorcio es de 60.000. A nadie parece que le preocupe el baile de cifras, el área de Calidad Ambiental de la Generalitat reconoció a este diario en junio de 2013 que desconocía el destino final (el enterramiento) de 176.000 toneladas de esta comarca. El 71% del total. Se sospecha que se trasladaban a Murcia de forma irregular, pero en los registros de esta autonomía tampoco constan allí. Y, aunque se ha intentado poner orden a esta situación, todavía hoy ciudades como Torrevieja, a través de su concesionaria Acciona, llevan sus desperdicios al vertedero de Proambiente (Abanilla, Murcia) sin autorización. Esa adjudicación, precisamente, motivó que se condenara al exalcalde torrevejense Pedro Hernández Mateo (PP) a tres años de prisión por amañarlo.
Otro ejemplo, en la pedanía oriolana de La Murada se han detectado enterramientos ilegales de basura, incluidos residuos electrónicos y sanitarios, sepultados en fincas agrícolas cercanas a Proambiente. Los peritos cifran en cerca de 400.000 toneladas lo que hay medio palmo debajo de extensos campos de cultivos. La consecuencia directa es que la Sierra rezuma lixiviados. A días de hoy nadie sabe quién, cuándo y cómo se ha permitido. Hasta ahora, la respuesta de la Generalitat ha sido ineficaz, algo que critican los propios ayuntamientos, como Orihuela.
Caso Brugal
Y la Vega Baja incumple la ley de residuos porque carece de una planta de residuos. El retraso de siete años se debe a que la adjudicación esta bajo sospecha por el caso Brugal, que investiga si la contrata del Plan Zonal se amañó por el entonces responsable de la Diputación, José Joaquín Ripoll, quien está imputado. Desde que estallara este asunto en 2010, toda la gestión de la basura en la Vega está en el ojo del huracán y a una mala noticia ha seguido otra. El cierre de Proambiente hace casi dos años -acordado por la Región de Murcia por un delito ambiental-, donde vertían irregularmente sus basuras a un precio casi simbólico (de 10 a 20 euros) media comarca (14 municipios), llevó los residuos a Abornasa (Crevillent) y a incrementar el precio hasta los 42 euros. Y ahora, por un cierre técnico de esta van a pagar 49 euros por verter en Elche. Es decir, para muchos se ha triplicado el precio por la eliminación en dos años. ¿Cómo es eso posible? La presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, tuvo que salir el Pasado viernes a defender precisamente esta tasa que pagarán los municipios de la Vega en Elche, algo que parece difícil porque admitió que los municipios de esa comarca pagan mucho menos: 36 euros.
Traslados
Y más. El traslado de residuos entre comarcas y provincias es algo habitual para las mercantiles que controlan este negocio, principalmente Cívica, FCC, Cespa, CHM e Inusa. Es algo que también sucede en Alicante puesto que vertederos como los de Jijona, Alicante o Villena han recibido miles de toneladas procedentes de Valencia y Castellón que han generado beneficios extra. Conocer cuánta basura se trata en los vertederos de la provincia, cuánta llega desde fuera o cuánta se envía a Murcia es casi imposible a través de fuentes oficiales. Y no solo para los periodistas. El coordinador de los consorcios de residuos del grupo socialista de la Diputación, Raúl Valerio Medina, critica que estos entes, en los que participa la institución provincial y el Consell, «se gestionan de manera muy opaca y cuesta mucho obtener datos». Así está el gran negocio de la basura.
