La presidenta del Consorcio de Residuos del Plan Zonal, Luisa Pastor, a su vez presidenta de la Diputación de Alicante, firmó el miércoles un decreto que obligará a 12 municipios de la Vega Baja a pagar 49,59 euros más IVA por tonelada y no 36 euros por la eliminación de sus basuras en la planta de Elche. Esta cifra de 36 euros es la que abonan los municipios adscritos a este consorcio (entre los que están Elche, Crevillent o Santa Pola). El precio, en definitiva, se «infla» hasta 13 euros por tonelada con relación al que los municipios esperaban pagar y creían cerrado en la reunión del pasado lunes, a la que todos llegaron con el agua al cuello porque el día anterior algunos (los que tienen servicio de recogida el domingo) no habían podido descargar sus camiones por falta de una planta donde hacerlo después de la sorpresiva decisión de la de Abornasa, en Crevillent, de iniciar un paro técnico para mejora de la maquinaria y que durará unas tres semanas. INFORMACIÓN publicó el pasado martes ese precio de 36 euros porque todos los alcaldes afectados, tanto del PSOE como del PP, salieron de la reunión pensando que ese era el precio fijado que conocieron del portavoz del Consorcio y que, curiosamente, suponía casi seis euros menos que lo que estaban abonando en las instalaciones crevillentinas (41,32 euros) por ese mismo trabajo. Pero era mentira y, no sólo eso, los regidores se enteraron por el periódico ayer de cuál era en realidad la cantidad que tendrán que pagar porque nadie se la había notificado aún, lo que denota cada vez más la falta de transparencia que rodea todo este proceso viciado desde que se le relacionó con el caso Brugal que investiga el amaño de la adjudicación. En definitiva, la sorpresa fue mayúscula.
Marco
En un comunicado remitido a esta redacción, el Consorcio asegura sobre ese decreto de Pastor que aclara cuál es el precio lo siguiente: «Creemos que puede ser un marco interesante de trabajo pues da seguridad legal a los consorcios receptores y a los propios ayuntamientos de la Vega Baja, pues tendrán un control mayor de cuánto y qué tipo de residuos tratan sus empresas, poniendo claridad a la evidente subida de la tasa». De hecho, los 49,59 euros que costará la eliminación de cada tonelada de basura son un precio al que habrá que sumarle el IVA y que se impone por decreto; es decir, es de obligado cumplimiento para esos doce municipios. ¿Cuáles son? Muy fácil. Todos los que trabajan con la mercantil Sirem y que pactaron con esta en su día no sólo la retirada de los residuos sólidos del municipio, sino el transporte, el triaje y su eliminación en las plantas. Un canon global, un precio cerrado por todo el servicio que poco a poco, curiosamente, ha ido ahogando más a la mercantil que a los propios municipios porque la empresa, propiedad del polémico Ángel Fenoll, pieza clave a su vez de esa trama del caso Brugal, ha sido la que ha asumido el aumento de costes porque llevaba en sus orígenes los residuos a la planta oriolano-murciana de Proambiente (sin existir una autorización previa ni de la Generalitat Valenciana ni del Gobierno de la Región de Murcia). Pero ésta le cerró las puertas por desavenencias e impagos y tuvo que buscarse una alternativa para seguir cumpliendo los contratos con sus clientes: la planta de valorización de Crevillent, que cobra algo más de 41 euros, lo que suponía duplicar el precio que Sirem (antes Colsur) pagaba en Proambiente. La mercantil ha asegurado que este desfase supera ya los 1,5 millones de euros en estos 18 meses.
Pero la cuestión que ayer admitían algunos alcaldes de la Vega Baja es que la decisión de llevar las basuras a Elche no es de Sirem sino del Consorcio a través de un decreto y evidentemente esos 49 euros más IVA no se sabe ya si se pagarán por la mercantil o por los ayuntamientos que son los que han modificado, en definitiva, las condiciones sobre dónde se tiene que verter. Y además la adjudicataria podría exigir contraprestaciones por el transporte hasta Elche. Los municipios son: Algorfa, Cox, Callosa de Segura, Rafal, Formentera, Rojales, Granja de Rocamora, Redován, Jacarilla, Daya Nueva, Daya Vieja y Dolores. Hay otro municipio más que trabaja con Sirem: Almoradí, aunque el contrato de eliminación lo firmó por separado y la relación es entre el Ayuntamiento y la planta elegida, en este caso Abornasa.
El decreto responde a una cuestión que parece básica: los municipios esperan volver a Abornasa cuando, dentro de tres semanas a lo sumo acabe este paro técnico y más ahora que saben qué es más barata y allí la basura debería pagarla Sirem y no ellos; de hecho, fija su vigencia por dos meses, aunque admite la posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo. También, aunque parezca una obviedad, asegura que en Elche se «identificará con precisión en las instalaciones de recepción los municipios de procedencia de los residuos, especificando de forma detallada las cantidades exactas correspondientes a cada uno»; también fija que las facturas las pagará por meses y que los municipios perderán la autorización para el caso de que su contratista no haga frente a las facturas.
IVA
Algunos alcaldes se mostraron ayer preocupados por este incremento de precios porque con esos 49 euros más IVA por tonelada que fija la presidenta del Consorcio solo son un punto y seguido dado que la propuesta que está sobre la mesa de la adjudicataria del servicio, de la UTE Cespa-Ortiz, colocará el precio en 65,84 euros; es decir, para algunos municipios cuatro veces de lo que pagan en el actual contrato por la eliminación y que, a la vista está, es completamente irreal ante un mercado que ha pasado de controlar una pequeña-mediana empresa como Colsur (ahora Sirem) a través de un vertedero familiar, como era el de Proambiente, a estar gestionado por grandes multinacionales del sector, caso de Cespa o de Enrique Ortiz a través de su mercantiles. La cuestión fundamental que subyace es que la Vega ha estado pagando, de un modo u otro, un precio muy inferior por el retraso de la adjudicación del Plan Zonal, salpicado por el Brugal, a pesar de lo cual el Consorcio lo aprobó hace unos meses, y en febrero se encargó un estudio a fin de ver las posibilidades legales de anularlo por los supuestos incumplimientos de la adjudicataria. Todo un despropósito.
