El portavoz de APTCe Domingo Soler aseguró ayer que el actual edil y diputado provincial Joaquín Albaladejo percibió 104.400 euros en el año 2006 de la constructora que levantaba en esos momentos, por concesión municipal, el edificio de la nueva iglesia del Sagrado Corazón. Es lo que figura en la declaración anual de operaciones con terceras personas de la constructora en la Agencia Tributaria, que mostró Soler. El pago se hizo de una vez a una empresa del concejal de Hacienda. Albaladejo no era cargo público ese año. Llegó al equipo de gobierno del PP poco después, a mediados de 2007.
Siempre según Soler, el ya concejal, votó entre 2007 y 2011 varias adjudicaciones a favor de JOST, la contratista de la obra de esa iglesia, en su condición de miembro de la junta de gobierno, pese a que debió abstenerse, dada su vinculación reciente con esa mercantil. APTCe recuerda lo que dispone el artículo 28 de la ley de Procedimiento Administrativo. Ese texto dice que es motivo de abstención «tener relación de servicio con (entidad) interesada (...) o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo». Soler va aportar esta documentación al procedimiento por el que debe sentarse al banquillo el próximo mes de junio por un delito de calumnias.
Albaladejo se querelló contra Soler por sus declaraciones en ruedas en las que se hizo eco de su vinculación la citada mercantil y la suma de sus ingresos privados y públicos entre 2006 y 2011, que Soler elevó a un total de casi 400.000 euros. El alquiler total por 33 meses ascendió a 281.000 euros, en el que se incluyen los 104.000 euros de JOST. Una parte reducida del total la percibieron los propietarios, según las mismas fuentes. En esos locales de la calle Moriones se realizaban los servicios religiosos, mientras que se construía la iglesia. A es cifra hay que sumar los ingresos posteriores de Albaladejo como edil -183.000 euros, dijo Soler-. Cuando este asunto se fiscalizó por el pleno en 2009, Albaladejo fijó sus ingresos en 24.000 euros por gestionar el arrendamiento.
«Prueba de carga»
«Abaladejo mintió. Lo que yo dije es verdad y lo que dice la Agencia Tributaria es la prueba de carga», aunque ese documento se refiere a lo que percibió Albaladejo y de JOST en 2006 sin citar el alquiler expresamente. El edil matizó que lo aporta ahora y no al principio del procedimiento por su inexperiencia, dijo, en asuntos judiciales. El diputado de Turismo se desvinculó a la empresa de alquileres, fundada por su familia, aunque tiene concedida una compatibilidad de varias horas semanales en la Diputación para dedicarse a ella. Albaladejo y Soler están enzarzados en un duro cruce de querellas desde 2011.
