El alcalde de Rafal, Manuel Pineda (PSOE), manifestó ayer estar totalmente «tranquilo» con la denuncia que la oposición del Partido Popular ha registrado en la Fiscalía Anticorrupción acusándole de haber cometido un presunto delito de prevaricación por haber reducido las competencias de la secretaria del Ayuntamiento dado que, según defendió, «ha actuado con absoluto respeto a la legalidad vigente».
«Es totalmente falso que haya dictado una resolución injusta o que contravenga las leyes en relación con las funciones que ha de realizar la secretaria-interventora. En todo momento desde Alcaldía se ha actuado y se sigue actuando con total respeto a la legalidad vigente en relación con el funcionamiento y organización de la administración municipal y el desempeño de las tareas de los funcionarios», señaló Pineda.
Racionalidad
El regidor rafaleño apuntó que la resolución que se dictó por Alcaldía en el mes de diciembre, por la que se ha venido a reestructurar las áreas funcionales de la administración municipal, obedece a «criterios de racionalidad administrativa para mejorar su funcionamiento y servicio a los vecinos». El primer edil explicó que se ha reorganizado el trabajo en seis departamentos que dirigen seis funcionarios del Ayuntamiento. Continuó disertando que la secretaria mantiene las funciones que tiene reservadas por Ley por lo que «no entendemos que el Partido Popular denuncie que se la restado competencias cuando las que le corresponden se mantienen como debe ser».
Pineda prosiguió que «no tiene noticia a fecha de hoy de que algún funcionario municipal haya impugnado ante los tribunales esta resolución por la que la Alcaldía, en el legítimo ejercicio de sus competencias, ejerciendo la jefatura de la Administración Municipal, ha llevado a cabo la reorganización municipal». Por tanto, añadió el regidor, «es incomprensible que el PP hable de denuncias respecto de actuaciones municipales que ni siquiera los empleados afectados han discutido ante los tribunales por cuestiones ni siquiera de legalidad ordinaria».
Para el alcalde de Rafal, esta denuncia «es un intento desesperado por trasladar a los tribunales un debate que corresponde al ámbito municipal. Su incapacidad política para discutir en el pleno esta resolución les lleva a intentar judicializar la vida municipal».
