El Consejo Jurídico Consultivo (CJC) considera que el Ayuntamiento debería prescindir del polémico servicio de recogida de basura y limpieza viaria que realiza Acciona por las graves deficiencias que presenta, tal y como le piden los técnicos al primer edil Eduardo Dolón (PP) desde hace más de un año y medio. Y el Ayuntamiento, dijo el alcalde ayer, va a asumir esa conclusión, algo que aligera la posible responsabilidad de miembros del equipo de gobierno y funcionarios en las supuestas irregularidades que arrastra la concesión -por cuya adjudicación fraudulenta en 2004 fue condenado el exalcalde Pedro Hernández en 2013 a tres años de cárcel-. El efecto de esta decisión sobre el terreno y sobre el servicio que se presta al ciudadano a diario será mínimo. Por lo menos a eso se comprometió ayer el alcalde. En esta ocasión el equipo de gobierno y la institución de la Generalitat han estado más diligentes: la emisión del dictamen, preceptivo pero no vinculante, se ha resuelto sin que caducara, como sí había sucedido en las dos ocasiones anteriores y ha llegado justo a tiempo además. El primer intento, como recogía ayer esta edición, caducó en noviembre de 2012.
El documento dice que el servicio presenta graves deficiencias -la principal que no cuenta con la planta de transferencia de basura que ofertada en el pliego en 2004, cuando se adjudicó el contrato multimillonario-, pero Eduardo Dolón, acompañado por la edil de Contratación, Carmen Gómez, redujo esa conclusión a una mera tramitación administrativa, casi un formalismo que no tendrá, aseguró, incidencia en la recogida de residuos sólidos en la calle, ni afectará a los puestos de trabajo. Dolón, quien no facilitó en su comparecencia copia del dictamen del CJC y atribuyó al equipo de gobierno el impulso de la rescisión, dijo que ahora se abre un trámite de audiencia con la empresa, sin aclarar si la mercantil, que cobra por realizar el servicio más de 13 millones de euros, será sancionada.
El edil fue oportunamente preguntado sobre qué pasará si los técnicos y los políticos, logran concluir con éxito la secuencia que comenzaron en 2012 y deciden apartar a la empresa antes de que termine su contrato en vigor -el 13 de junio- sin que esté adjudicada la nueva, y Dolón aseguró que la misma empresa, Acciona, seguiría realizando el servicio, cobrándolo en función de la presentación de certificaciones mensuales. Precisamente algo que exige el comité de empresa de la contrata como fórmula que además, aseguran, ahorrará costes. En el servicio de recogida de residuos, convergen ahora tres procedimientos administrativos al tiempo. El que debe sacar a concurso la nueva contrata, el que tramita una prórroga de la actual y el de rescisión.
Corrupción
Por su parte, Los Verdes aseguró que la resolución «llega tarde» y consideran «inadmisible» el retraso «por el que habrá que pedir responsabilidades». Recordó «el escándalo de corrupción que supuso» la adjudicación amañada por parte del exalcalde. «Es materialmente imposible poder resolver el contrato antes de la fecha de su vencimiento en junio, con lo que se está premiando a quien tenía que ser sancionado o castigado», subrayó la formación.
