Los alcaldes del Partido Popular de la Vega Baja cerraron ayer un acuerdo para pedir al Consorcio de Residuos de la Zona XVII que encargue un informe jurídico para valorar si existen causas para rescindir el contrato con la adjudicataria del Plan Zonal de la comarca, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz, por haber incumplido los plazos para poner en marcha las instalaciones previstas. Esta decisión se adoptó en una reunión celebrada ayer en la sede provincial de los populares a la que asistió la presidenta de la Diputación de Alicante y del Consorcio de este área, Luisa Pastor, así como representantes de la Generalitat como el director de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, quienes estarían de acuerdo en este asunto.
Se trata de la primera vez que los regidores populares de la Vega, Luisa Pastor y Tejedo aúnan posturas sobre esta cuestión porque hasta ahora los representantes de la institución provincial y de la Generalitat se habían mostrado reticentes a valorar una rescisión del contrato, alegando que un proceso así acarrearía indemnizaciones millonarias que como miembros del Consorcio no estaban dispuestos a asumir. Ahora, los alcaldes populares les han convencido de que no se tendría que pagar nada a la adjudicataria, precisamente porque es la UTE la que no ha cumplido el contrato, y han accedido a valorar este hecho a través del citado informe.
Así, los primeros ediles decidieron elevar una petición al Consorcio para que en la próxima sesión plenaria se pronuncien todos los alcaldes sobre la situación en la que se encuentra el controvertido Plan Zonal, una situación que supondría que, por primera vez desde hace casi un año, populares y socialistas debatieran sobre este asunto. En un comunicado remitido ayer por el PP, se destacó que "los alcaldes consideran que esta iniciativa constituye el camino más adecuado para buscar las soluciones idóneas y atender la salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, de sus municipios y del conjunto de la comarca".
Críticas
Por su parte, los socialistas, que conocieron que los alcaldes del PP iban a mantener esa reunión a través de los medios de comunicación, expresaron ayer a través de su secretario comarcal, Manuel Pineda, que la presidenta del Consorcio «está haciendo de este tema un asunto partidista en vez de lo que es: un asunto de carácter institucional y municipal que nos atañe a todos los alcaldes. El Plan Zonal atañe también a los vecinos de los municipios donde gobierna el PSOE, no solo a los del PP», expresó.
Los ediles socialistas criticaron que Pastor asistiera a la reunión celebrada ayer en la sede del PP, «cuando hace días que le solicitamos un encuentro urgente con ella para tratar este importante asunto y no nos ha dado respuesta». Por este motivo, consideran que se ha «discriminado a los vecinos de la Vega que viven en Rafal, Rojales, Benferri, Los Montesinos y San Isidro», pueblos en los que gobierna el PSOE.
Así las cosas, la reunión de ayer abre la vía definitiva a la rescisión del polémico Plan Zonal que ha estado salpicado por la corrupción del caso Brugal, tal y como reconocen ahora algunos de los cargos del Partido Popular de la comarca de la Vega Baja. Si todo marcha conforme a lo previsto, serán los representantes populares en el Consorcio los que impondrán su mayoría para alcanzar este objetivo que no ha sido consensuado con el otro gran partido mayoritario, a pesar de que fueron los socialistas quienes desde el primer momento abogaron por romper el contrato con Cespa-Ortiz por presuntas irregularidades.
