El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Miguel de Salinas, aprobado en 2008 para dar cabida a la construcción de 40.000 nuevas viviendas, tras constatar que este proyecto no se sometió al preceptivo proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) exigible por la ley. La suspensión del planeamiento urbanístico de del municipio llega tras un recurso contencioso-administrativo interpuesto en 2009 por la Asociación de Vecinos «San Miguel Arcángel» y el colectivo «Amigos de Sierra Escalona».
La sentencia, fechada el 13 de noviembre de 2013 y comunicada a los recurrentes el pasado 15 de enero, declara nulo el Plan al considerar que el EAE, tal y como plantearon los recurrentes ante el TSJCV, «no puede ser suplido por la emisión de una simple declaración de impacto ambiental». El alto tribunal desestima así las pretensiones de la Generalitat Valenciana, que fue la que dio el visto bueno final al planeamiento, y el Ayuntamiento para que se considerara conforme a derecho su aprobación.
Parque natural
Los dos colectivos que impulsaron el recurso recordaron ayer que la Evaluación Ambiental Estratégica es obligatoria para todos aquellos planes que pudieran tener efectos significativos sobre el medio ambiente, como es el caso del Plan General de San Miguel, que preveía incrementar la población de los actuales 7.000 vecinos hasta los 100.000, y teniendo en cuenta la proximidad del parque de Sierra Escalona. Se trata de un espacio protegido como Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves de la Unión Europea que ocupa una superficie de 7 de los 55 millones de metros cuadrados del término municipal. Este espacio que esperando ser declarado Parque Natural de la Comunidad Valenciana tras más de 7 años desde que la Generalitat inició el proceso de su declaración como tal.
El PGOU comenzó a redactarse a finales de los años 90 y se impulsó de forma definitiva en el 2003, en pleno «boom» urbanístico. En aquel entonces la localidad contaba con poco más de 3.800 vecinos, pero su situación geográfica, como municipio emplazado en segunda línea de playa, generaba muchas expectativas. Tanto es así que en menos de una década la población se multiplicó por dos tras licitarse la construcción de nuevas urbanizaciones que sedujeron sobre todo a extranjeros.
La aprobación definitiva del Plan ahora suspendido, en 2008, se concebía como el documento que sentaba las bases para expandir el área urbana y engordar la recaudación del consistorio, un sueño que se ha esfumado con la crisis, la progresiva huida de una parte de los nuevos residentes extranjeros (en el último año San Miguel ha perdido 500 vecinos) y ahora, con la derogación del PGOU. Desde 2008 muy pocas de sus previsiones se han desarrollado a causa del parón económico. Los dos colectivos que han ganado la batalla judicial tildan este planeamiento urbanístico como «insostenible, especulativo e irracional» y estiman que la sentencia ofrece «una nueva oportunidad para proyectar un desarrollo sostenible».
El alcalde, Ángel Sáez (PP), anunció ayer que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de anular esta sentencia y que, mientras tanto, aseguró, sigue en vigor el mismo PGOU.
