El diputado de Nuevas Tecnologías del Partido Popular (PP) en Alicante, Adrián Ballester, también concejal en Redován y coordinador de esta formación en la Vega Baja, aseguró ayer que el gobierno valenciano todavía no se ha posicionado con respecto a la pretensión de los alcaldes de la comarca de rescindir el contrato del Plan Zonal con la UTE Cespa-Ortiz y dijo que el Consell está «evaluando alternativas» porque todavía «no se ha tomado ninguna decisión». No obstante, el político popular consideró a todo este respecto que el proceso por el cual se ha tratado de ordenar la eliminación de las basuras en el sur alicantino está «salpicado por la corrupción».
Se trata de la primera vez que un diputado provincial del PP vincula directamente el Plan Zonal de la Vega Baja con un caso de presunta corrupción en las filas de su propio partido. Ballester se refería así a la investigación judicial que aborda, precisamente, si se amañó el proceso de adjudicación del Plan Zonal. Es el caso Brugal.
Las palabras del diputado llegan después de que el lunes el director general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, Vicente Tejedo, declarara a este diario que el Consell se oponía a la rescisión de la millonaria contrata con la UTE. Sobre este asunto, Ballester dijo que su compañero de partido no es un representante del Consell como tal, pues es «un alto cargo de la Generalitat Valenciana», por lo que no tiene autoridad para actuar como un portavoz del gobierno valenciano.
Reivindicaciones
Según pudo saber este diario, las afirmaciones de Vicente Tejedo que este periódico publicó el pasado martes no sentaron nada bien a los primeros ediles del Partido Popular de la Vega Baja, que en diciembre celebraron un reunión en la sede provincial del partido en la que, por unanimidad, decidieron que la mejor opción era liquidar el contrato con Cespa-Ortiz. Estas declaraciones del director general de Calidad Ambiental hicieron pensar a algunos alcaldes que el gobierno de la Generalitat no estaba dispuesto a apoyar sus reivindicaciones, unas dudas que se disiparon durante la mañana del martes cuando supuestamente altos cargos del partido desautorizaron a Tejedo.
Según los plazos previstos en el contrato firmado entre el Consorcio de Residuos de la Zona XVII y la UTE Cespa-Ortiz, la planta de transferencia de basuras proyectada en Cox debería de estar funcionando desde el 11 de diciembre del pasado año pero esta infraestructura nunca se llegó a construir.
De hecho, muchos de los alcaldes populares de la Vega se sumaron a la «rebelión» contra la puesta en marcha de la solución transitoria prevista en el Plan Zonal cuando conocieron que la inexistencia de la planta de Cox multiplicaría el precio del servicio de residuos en sus municipios porque eran los Ayuntamientos los que tenían que sufragar el desplazamiento de las basuras hasta otros vertederos de la provincia mientras no se habilitara la planta de Albatera.
