Una frase dicha el 3 de enero por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tras no celebrarse la votación del pleno en Orihuela le obligará a pasar, antes o después, por los juzgados después de que la concejala y portavoz del grupo socialista, Carolina Gracia, quien integraba la mesa de edad, le haya presentado en los juzgados una demanda de conciliación previa al ejercicio de acciones por calumnias e injurias, anunció ayer en rueda de Prensa acompañada por el secretario de Relaciones Institucionales del PSPV-PSOE, José Manuel Orengo. La edil pide que admita su error en los medios que se hicieron eco de sus palabras, que la indemnice y pague las costas. En caso de no hacerlo, habrá pleito.
La frase de Fabra que da origen al proceso es esta: «...aquellas personas que han tomado la decisión en contra del informe del secretario tendrán que dar cuentas a la justicia, porque el secretario del Ayuntamiento ha dicho que se puede hacer y sabiendo que hay un informe jurídico que te dice que esa moción es válida, una persona ha tomado la decisión de ir en contra de ese informe y decir que no se puede hacer la moción de censura en Orihuela, eso tiene un nombre y se llama prevaricación, y tendrán que ser los juzgados quienes diriman cuál es la responsabilidad de esas personas». La concejala alega que las declaraciones de Fabra no se ajustan a la realidad: «Es incierto que el informe del secretario expresara algo más que su propia opinión subjetiva (...) sólo a los integrantes de la mesa de edad les correspondía en aplicación de la legalidad la toma de dicha decisión, sin que el informe del secretario fuera evidentemente vinculante para ello, como el propio secretario municipal informó previamente a la sesión a los concejales integrantes de la mesa de edad y recogió en el "guión" de la sesión (...) la decisión adoptada por la mesa de edad estuvo además avala por un informe jurídico (...) la atribución de tales hechos ha supuesto un grave ataque al honor de la demandante que le ha ocasionado un daño moral personal.
Además, dado el momento social en que se producen en una ciudad como Orihuela, en la que los casos de corrupción que se encuentran en tramitación en los juzgados son múltiples y de conocimiento público afectando a varios de los concejales del PP proponentes de la moción de censura». Y entiende que las expresiones que utilizó Fabra tienen, «un manifiesto carácter calumnioso e injurioso para las personas de la demandante y del otro concejal, señor Houliston, a los que atribuye gratuitamente la comisión de delitos tales como prevaricación y obstrucción».
