Cuando se habla de ahorro todo el mundo mira la factura eléctrica, y más en Orihuela donde cada año cuesta 4,5 millones de euros al erario público (2,6 millones de euros sólo en alumbrado público). Por este motivo en septiembre la Concejalía de Patrimonio puso en marcha un proyecto, a través de un concurso para realizar una auditoría energética y ver de dónde y cómo se puede ahorrar, aunque de la misma se excluyeron los edificios públicos.

El nuevo concejal de Patrimonio, Antonio Zapata (PSOE), debutó ayer con una promesa: pretenden ahorrar un tercio de lo que se gasta en energía en los inmuebles municipales y cifra de la factura la situó entre los 800.000 y los 900.000 euros al año, pero con algunos de los datos que ofreció parece que no será difícil llegar a un recorte que llevó hasta los 200.000 y 300.000 euros anuales; es decir, a un tercio de la factura, a lo que ayer unió también como objetivo su «compromiso ambiental».

Así, el concejal aseguró que de entrada van a reducir la potencia contratada en algunos edificios -que es el mínimo que se paga- porque supera con creces las necesidades. Zapata puso como ejemplo La Lonja, donde se cuadriplica; o la Policía Local, donde se duplica. Pero el recibo más alto de todos los edificios públicos es el del Palacio del Agua, donde la factura alcanza los 170.000 euros al año y sólo para ver cómo reducir esta cifra se está trabajando -a través de otra empresa «sin coste alguno para el Ayuntamiento», según Zaplana- que se encargará de elaborar un informe con propuestas concretas para esta instalación deportiva.

De entrada, en esta primera fase del proyecto ya se ha conseguido ajustar algunos contratos a las necesidades -como los casos antes citados de La Lonja y la Policía Local- y ahora, gracias a una ayuda de la Unión Europea a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) se pretende ampliar ese objetivo final a otros inmuebles.

Los contratos energéticos que se ajustarán a las necesidades son de edificios tan singulares como los de ILDO, el Cris, la Escuela de Artes Aplicadas, el Pabellón Bernardo Ruiz o el Prop, aunque este edificio ofrece una singularidad porque está compartido con la Generalitat Valenciana pero la factura es única y, como es habitual en Orihuela, la paga el Ayuntamiento. De hecho, Zapata aseguró que es imposible saber qué parte de corresponde pagar a cada Administración, pero que pretenden resolverlo, aunque la solución no será fácil.