A diez días del pleno de investidura que el secretario del Ayuntamiento, Virgilio Estremera, convocó para el 3 de enero a las 12 horas tras el registro de una moción de censura firmada por el Partido Popular (PP) y Centro Liberal Renovador (CLr), que el destierro del gobierno de verdes y socialistas sea un éxito es todavía una incógnita. Ambos bandos -PP y CLr por un lado y el bipartito con los ediles no adscritos Asunción Mayoral y Bob Houliston por otro- se aferran a reglamentos, informes y extractos de leyes como si fueran clavos ardiendo para defender sus tesis, pero ninguno tiene la total certeza de que vencerá el 3 de enero porque en este desaguisado la opinión que va a contar es la del secretario, como fedatario público, y la de Bob Houliston, como presidente de la mesa de edad que presidirá el pleno de investidura.
Hasta que se resuelva esa incógnita, que no solo tiene en vilo a los políticos sino a toda la ciudad, están pasando unos días en los que tanto CLr como los ediles no adscritos, con el apoyo del bipartito, están tratando de imponer sus argumentos. Sin embargo, las primeras claves se resolverán, si nada cambia, en el pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre.
El viernes, 27 de diciembre, el secretario deberá dar cuenta de la expulsión de los ediles Juan Ignacio López-Bas y Pedro Mancebo de la coalición electoral CLr-Claro, con la que concurrieron a las municipales, y eso es algo que resolverá un día antes la junta directiva de la formación, según consideran Mayoral y Houliston, pero los liberales niegan que tengan legitimidad para ello. En cualquier caso, la edil no adscrita debe presentar el documento de expulsión al fedatario, algo que sólo puede tener éste en cuenta «si considera que la expulsión se ajusta a la legalidad y que cumple todos los requisitos tras recabar la información que sea necesaria para lo que solo contará con un día», alega López-Bas. De esta forma, de la decisión del fedatario dependerá, en primera instancia, la viabilidad de la moción, ya que él es el garante legal de ese pleno hasta su constitución.
Y Mayoral tiene «absolutamente claro» que la expulsión de los liberales se ajusta a la legalidad y que va a seguir adelante, siempre basándose en un informe del Consejo Jurídico Consultivo que solicitó el secretario y que afirma que la expulsión de concejales de una formación que concurre a las elecciones en coalición depende de la junta directiva de la agrupación. Esta expulsión supondría el paso de Mancebo y López-Bas a concejales no adscritos y por tanto sus votos no valdrían en la moción.
Aspiraciones
Por su parte López-Bas, totalmente tranquilo, hace referencia a varios aspectos que podrían frenar las aspiraciones de Mayoral y basándose también en el informe del mismo Consejo Jurídico. En primer lugar asegura que tiene serias dudas sobre si el secretario dará cuenta en el pleno porque «la expulsión no se puede producir porque a mí no me han notificado ni tan siquiera que acuda a la reunión para llegar a ese acuerdo», a lo que añade que el pleno aprobó en septiembre de 2012 un reglamento de expulsión de concejales de sus grupos que, desde su punto de vista, el secretario tiene que tener en cuenta. En este caso, recuerda, «no se cumplen los requisitos porque el reglamento deja pasar casi 90 días entre la notificación y la expulsión mientras que a nosotros, al parecer, solo nos dan 24 horas».
El liberal afirma que su expulsión y la de Mancebo se deberían convertir en un punto del orden del día «que tendría que ir a las comisiones previas al pleno y votarse en la sesión». En el caso de que esto no fuera posible «el asunto debería entrar por vía de urgencia y antes de tratarse el pleno debe votar si da lugar a la urgencia». Cabe recordar, que tras la firma del pacto de gobierno, PP y CLr ostentan la mayoría, por lo tanto tienen la posibilidad de frenar el debate y aprobación en el pleno de expulsión de los liberales si se dieran estas circunstancias.
De esta forma, en el pleno del viernes 27 se pueden producir varios escenarios, pero la opinión que importa es la del secretario como referente jurídico sobre todo para el próximo protagonista en escena: Bob Houliston y el pleno del 3 de enero.
Última clave
La última clave en la incógnita de la viabilidad de la moción de censura depende del inglés, quien tras ser discriminado por los populares, con quienes firmó un acuerdo de colaboración, ahora se ha unido a la lucha de Mayoral por impedir a toda costa que CLr gobierne. Houliston, el edil más veterano, presidirá junto al más joven (Carolina Gracia) el pleno de investidura. Ambos deberán comprobar que todos los votos que aprueban la moción son válidos . Pero la opinión que más cuenta, según marca la ley, es la del concejal de mayor edad. Él, por tanto, tendrá la última palabra porque preside este órgano. Tras conocer la opinión del secretario y si ha salido adelante el acuerdo de pleno para la expulsión de los liberales, deberá tomar una determinación.
El concejal tiene una gran responsabilidad porque de su opinión depende quién gobernará Orihuela hasta 2015. En este sentido, López-Bas espera que su decisión «se ajuste a la legalidad porque puede incurrir en un delito que nosotros denunciaríamos en los juzgados donde él sería el único responsable y solo por mantener a otro en el sillón de Alcaldía».
