El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, quiere que la Cámara Baja inste al Gobierno a conceder indultos a políticos o gestores públicos condenados por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación o cualquier otro relacionado con la corrupción.

En concreto, Baldoví ha registrado una proposición no de ley en este sentido después de que el expresidente de Baleares Jaume Matas y el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, ambos militantes en su momento del PP, se hayan dirigido al Ejecutivo de Mariano Rajoy para solicitarle la medida de gracia.

En la exposición de motivos de su iniciativa, Compromís-Equo denuncia que el "uso y abuso" que los gobiernos realizan de esta extraordinaria potestad genera una "indignación justificada" en la ciudadanía, pero también en el Poder Judicial.

"Aquellos que delinquen aprovechando su condición de cargos públicos, después utilizan su influencia en el partido político del Gobierno para evitar el cumplimiento de las condenas y así logran esquivar el principio de igualdad ante la Justicia", denuncia.

Para Compromís, por ejemplo, resulta "deplorable" que la petición de indulto del exalcalde de Torrevieja cuente con la firma de un amplio número de diputados del PP de las Corts Valencianes y que la misma haya llevado al ministerio fiscal a solicitar la suspensión de la ejecución de la pena que se le impuso. "Es necesario poner veto a esta práctica", insiste el diputado valenciano.

IZQUIERDA PLURAL QUIERE CAMBIAR LA LEY

El pasado mes de noviembre el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también registró una iniciativa sobre esta materia. En este caso se trababa de una proposición de ley, que sigue pendiente de debate, para modificar la actual legislación sobre indultos, que data del siglo XIX, de manera que se obligue al Gobierno a motivar la concesión de la medida de gracia, que no puedan aprobarse en contra del criterio del tribunal sentenciador y que no se puedan indultar delitos que causen alarma social, como los de corrupción.

La Ley del Indulto data de 1870, aunque después ha sido modificada. La intención de Izquierda Plural es que su aplicación sea "transparente" y poder fin al, a su juicio, "abuso endémico" que los sucesivos gobiernos han venido haciendo de la medida de gracia.

En concreto, Izquierda Plural aboga por excluir determinados delitos del ámbito del indulto y cita, entre otros los de estafa, apropiación indebida, blanqueo de dinero, los societarios y contra la Administración y la Hacienda públicas, los de malversación y fraude, prevaricación urbanística, terrorismo, tortura, y delitos electorales y ecológicos.