Un juzgado de Orihuela está investigando una denuncia realizada por un representante y exalumno de la Escuela Permanente de Adultos (EPA) de Cox que mantiene que el Ayuntamiento gastaba menos de la mitad del dinero que declaraba que empleaba para sostener el funcionamiento de esta entidad. Según la denuncia rubricada por Fernando Martínez Parres el Ayuntamiento presupuestaba, antes de ordenar los recortes del servicio, en el curso 2011/2012, 85.000 euros anuales para gestionar el curso de esta escuela pero sólo empleaba supuestamente 35.000 euros. El juzgado de Instrucción 2 oriolano ha solicitado un informe a la Generalitat puesto que es la entidad que subvenciona una parte de ese desembolso, una vez era justificado por el municipio.
Según la denuncia entre esos gastos figura partidas empleadas para material que supuestamente no se adquiría; los gastos de limpieza de ocho horas diarias del trabajo de una operaria de limpieza no se corresponden con los servicios prestados en la escuela, al igual que las facturas por suministro eléctrico y los correspondientes al profesorado, que tampoco se ajustaban a la realidad, siempre según el mismo escrito.
El Ayuntamiento se ha negado en reiteradas ocasiones a facilitar el desglose de justificación de esta partida presupuestaria. Hace un par de meses la Sindicatura de Agravios cerró una queja tramitada por este alumno en la que se decía que el municipio no había facilitado los datos de estos gastos. Tampoco le fueron facilitados a la propia Sindicatura.
Antes de los recortes
Esta denuncia es el final de la movilización de los alumnos afectados por la decisión municipal de realizar un recorte importante en los servicios que ofrecía el centro en septiembre de 2011 suprimiendo cursos y prescindiendo de parte del profesorado, incluida la directora, justificados por un coste para las arcas municipales que para el denunciante «no era real» o por la falta de «asistencia» de los alumnos. El Ayuntamiento redujo esas prestaciones a sólo los cursos de alfabetización , suprimió la formación en Secundaria -que es lo que provocó más protestas-, los cursos de Valenciano y los de español para extranjeros.
Alumnos y una parte de los vecinos se movilizaron y recogieron 800 firmas en contra de la decisión que se ha mantenido durante estos dos cursos y también está prevista para el venidero. El Ayuntamiento emplaza desde entonces a los afectados a terminar su formación en municipios vecinos que sí cuentan con esta oferta estudiantil.
