Orihuela permitirá miniurbanizaciones para regularizar cientos de casas ilegales

Antonio Zapata obtiene una autorización de la Generalitat para consolidar chalés como unidades de minimización del impacto - Urbanismo se ve impotente para cursar los expedientes y creará una oficina de gestión privada para toda la tramitación

01.11.2013 | 12:40
Una imagen de Montepinar, una urbanización en fase de regularización por otro proceso legal.
Una imagen de Montepinar, una urbanización en fase de regularización por otro proceso legal.

El Ayuntamiento de Orihuela, a través del concejal de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE), aseguró ayer que la Conselleria de Urbanismo ha dado luz verde a un proyecto de legalización de viviendas en el municipio a través de lo que se denominan unidades de minimización de impacto, que pretende poner en marcha el próximo año a través de una oficina que abrirá en la calle de Arriba. ¿Qué son estas unidades?, prácticamente, unas miniurbanizaciones que se crearán siempre y cuando exista el consenso de todos los afectados; es decir, nadie puede quedar fuera de las mismas, lo cual tampoco será fácil porque los propietarios tendrán que pagar aquellos servicios esenciales de los cuales aún no disponen para tener tal consideración –aceras, iluminación, agua,...–.

Más de dos años después de comenzar su andadura en este área, Zapata continúa sin encontrar la idea feliz para un problema que desborda a Orihuela al punto de que hace menos de un mes tuvo que suscribir un convenio con el organismo recaudatorio (Suma) para que sean sus inspectores los que se encarguen de patearse las veredas, caminos y urbanizaciones comprobando quién paga y quién no el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El proyecto que se pone en marcha cuenta con un antecedente en Orihuela que es lo que ha llevado al concejal a embarcarse en él, algo que aseguró a información que excederá y mucho de la propia legislatura porque el trabajo que hay por delante es ingente. Dicho antecedente ha sido la legalización de 20 viviendas cuyos propietarios tenían todos una cosa en común: habían sido víctimas de una estafa. El promotor –en busca y captura, según el concejal– les dejó tirados tras cobrarles por unas casas que eran ilegales. El núcleo residencial se denomina Los Mazones y ya cuenta con el visto bueno de la Dirección Territorial de Urbanismo en Alicante para constituirse en unidad de minimización de impacto.

Problemas
Antonio Zapata choca con varios problemas. El primero es poner en marcha un departamento que se encargue de la gestión de todas aquellas viviendas diseminadas por el término municipal susceptible de acogerse a esta especie de regularización en masa. Ayer el edil admitió que su departamento no tiene personal para ello por lo cual es más que probable que acuda a una gestión privada para llevarlo a efecto.
«Es la forma de resolver jurídicamente los problemas de las viviendas ilegales», dijo Zapata, quien confía que los ciudadanos con casas ilegales se den cuenta que deben pagar sus impuestos y que el hecho de que en otras legislaturas se les haya permitido recibir luz y agua sin un boletín de vivienda de primera ocupación (porque eran casas ilegales y el Ayuntamiento nunca iba a poder dárselo) no les exime de asumir que no pueden continuar en esta situación porque, además, antes o después serán descubiertos.
«Se abre la vía para empezar un trabajo que se aventura bastante largo en el tiempo, pero lo que queda claro es que se cumplen las condiciones legales establecidas para la consolidación de las viviendas», añadió. El proceso que comienza será largo porque serán los propios propietarios los que se conviertan, de algún modo, promotores de sus proyectos a fin de que la administración sólo tenga que supervisarlos y eso supondrá poner de acuerdo a ciudadanos con problemas muy distintos.

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