La Guardia Civil investiga si se están produciendo «amaños» en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Los Montesinos, que aparecen en la versión preliminar del nuevo planeamiento. Esos supuestos «arreglos», previos a la aprobación definitiva del plan, se intentan esclarecer en el marco de una causa mayor abierta por el Juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja en 2012, tras las denuncias presentadas por el jefe de Urbanismo de este Ayuntamiento. Denuncias en las que se recogen supuestas irregularidades en la gestión urbanística del municipio de los últimos 15 años. El alcalde socialista José Manuel Butrón, el secretario y el ingeniero técnico municipal están imputados en esta causa.
La versión preliminar del PGOU contempla legalizar las instalaciones industriales, sin autorización, de una importante empresa dedicada a la fabricación y comercialización de material de construcción situada en la partida rural de Los Pérez y que comenzaron a levantarse en 1987. En ese proyecto figura el terreno como suelo urbano pese a que sus 80.000 metros de cuadrados están a dos kilómetros del casco urbano y no cuentan con requisitos mínimos para lograr esa condición como la red de alcantarillado y saneamiento. Según los datos que se están investigando, la iniciativa municipal busca legalizar seis naves de esa empresa, de las que sólo una cuenta con autorizaciones esenciales desde el punto vista urbanístico. Sobre una de ellas, de 3.500 metros cuadrados, recae incluso un expediente de demolición fechado en 2005 que ha sido «extraviado» en los archivos del Ayuntamiento y que además nunca fue notificado a la empresa afectada. Las naves se levantaron sin Declaración de Interés Comunitario, imprescindible para cualquier construcción en suelo no urbanizable, pero han venido funcionando sin problemas hasta la fecha.
La actividad industrial de esta empresa de material que tiene su sede central en Torrevieja, también incluye una planta de prefabricados de hormigón y viene siendo denunciada por los vecinos de Los Pérez desde hace casi una década. Las pesquisas se centran en averiguar cómo desapareció el mencionado expediente de demolición de las dependencias municipales en 2008, coincidiendo con el recordatorio del Síndico de Agravios al municipio de la obligación de hacer cumplir esta orden de derribo. También intentan esclarecer por qué el Ayuntamiento respondió a las quejas de los vecinos ante el Síndico asegurando que la actividad contaba con Declaración de Interés Comunitario (DIC), un trámite de obtención complejo que otorga la Generalitat y del que carecen estas construcciones. Una de las naves también recibió licencia de obra mayor en marz0 de 2001 por parte del alcalde y el secretario pese a carecer de esa DIC, circunstancia que se habría producido contraviniendo la legislación urbanística autonómica.
Casetones de apero
Los supuestos «arreglos» en el futuro PGOU también intentarían legalizar la situación de la discoteca Revival, construida en el suelo de mayor protección dentro del Parque Natural de Las Lagunas y cuyos gerentes decidieron cerrar sus puertas hace unos meses ante el cerco policial y judicial.
En las mismas diligencias de investigación, el equipo de delitos contra el patrimonio de la Guardia Civil indaga en la supuesta falta de actuación municipal a la hora de hacer cumplir sus propios expedientes de infracción y demolición de un buen número de viviendas, en torno a cuarenta, levantadas en los últimos años en suelo agrícola no urbanizable a las que se les dio licencia, en la mayoría de los casos, como almacenes y casas de apero agrícola aunque fueron en realidad construidas viviendas. Entre esas actuaciones, realizadas en los últimos diez años, figuran cinco viviendas de familiares directos del primer edil, concejales y exconcejales y funcionarios del Ayuntamiento, según ha podido confirmar este diario. Como ejemplo, la vivienda de un exconcejal de 118 m2 edificados y piscina, levantados con una licencia para realizar un «casetón de aperos de 30 m2».
Todas estas construcciones exigen una licencia de primera ocupación para contar con suministro eléctrico legal, que no pueden obtener si sobre ellas recaen órdenes de demolición que no prescriben hasta pasados 15 años. La mayoría, sin embargo, cuenta con ese suministro aunque se da el caso de que uno de estos propietarios, familiar directo del alcalde, que solicitó al Ayuntamiento en junio de 2012 «un certificado municipal que le permitiese conectar la luz a su chalé ilegal».
