La Fiscalía de Elche investiga un posible alzamiento de bienes por parte de la mujer de Benejúzar que quemó vivo al hombre que violó a su hija con 13 años en 1998 durante un permiso penitenciario en 2005 (mientras cumplía condena por la violación). Según fuentes judiciales, la investigación se inicia a raiz de una denuncia interpuesta por la familia del hombre fallecido ante la Audiencia Provincial también con sede en Elche, y la Fiscalía ha apreciado indicios de delito en la presunta liquidación de una finca que la mujer poseía en régimen de bienes gananciales (al 50%) con su marido y que ha pasado a ser un 70% propiedad de él y un 30% de ella.
La denuncia apunta a que podría tratarse de una «maniobra» para deshacerse de un porcentaje de la propiedad, con la intención de no pagar la indemnización de 140.000 euros que se le impuso en beneficio de la familia del fallecido (concretamente 80.000 euros a la viuda y 15.000 a cada uno de sus cuatro hijos). En este sentido, la Fiscalía analizará si se está despojando de sus bienes para evitar pagar esta indemnización.
La mujer está ahora pendiente de que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre la segunda petición de indulto y tiene recurrida ante el Tribunal Supremo la primera negativa. Mientras se produzca una decisión, su ingreso en prisión está paralizado.
El abogado de Mari Carmen García, Joaquín Galant, negó ayer que hubiera existido ningún tipo de alzamiento de bienes por parte de su defendida y que estaba dispuesto a presentar todas las escrituras de la vivienda para acreditarlo. Según explicó Galant, los hechos se remontan a cuando la familia vendió su antigua vivienda, porque vivían al lado de la del violador de su hija. «Si la antigua casa se vendió por doce millones, la nueva se adquirió por 19. El dinero de más lo aportó el marido con lo que había percibido de indemnización por su enfermedad», explicó. A raíz de la condena, el matrimonio hizo una liquidación de gananciales en la que se hacía constar que el porcentaje de la vivienda del marido era superior debido a esta circunstancia.
En este sentido, el abogado recordó que precisamente quienes fueron condenados por alzamiento de bienes fueron los familiares del violador y que tiene previsto solicitar en breve la ejecución de la sentencia.
Simular una venta
La Audiencia Provincial confirmó el año pasado una condena de ocho meses de prisión a la mujer del violador, a su hija y al marido de ésta por haber simulado la venta de la casa entre ellos. La vivienda se vendió a la hija cuando Antonio Cosme estaba todavía en prisión preventiva pocos meses antes del juicio por la violación. Los jueces valoraron que la venta se realizó «con una urgencia y una premura no justificada». La indemnización por la violación ascendía a 18.000 euros.
