La Vega Baja cuenta con una red de 14 oficinas de información turística ligadas a la Generalitat que se distribuyen en una decena de municipios. Se trata de la segunda comarca alicantina con mayor número de «Tourist info», tras la Marina Alta. Surgidas durante la última década al albor de un modelo económico basado en la construcción que inyectaba en los ayuntamientos ingentes cantidades de dinero, son las administraciones locales, ahora en dificultades económicas, las que tienen que sufragar los gastos de su mantenimiento. Al margen de grandes potencias turísticas como Torrevieja, Guardamar del Segura u Orihuela, este servicio se mantiene en otros pequeños pueblos como por ejemplo San Fulgencio (12.400 habitantes), donde el gasto por este concepto se dispara hasta cerca de 55.000 euros anuales. En tiempos de crisis, ¿tiene sentido seguir manteniendo un servicio turístico en pequeñas poblaciones que apenas reciben visitantes?, ¿Deberían asumir ese trabajo las concejalías de Turismo?
La respuesta a esa pregunta varía en función de a quién se le formule. Los partidos de la oposición suelen apuntar a que es un derroche de dinero público y señalan que en muchos casos estas oficinas han servido para colocar a amigos y parientes del partido en el poder. Los gobernantes, en cambio, son más propensos a defender a ultranza la continuidad del servicio. Acceder a datos fehacientes sobre el coste de mantener estas oficinas no es sencillo puesto que los gestores públicos no suelen facilitarlos y, además, sus gastos de funcionamiento se diluyen en muchos casos en las partidas de personal, suministros o alquileres.
Residencial
En San Miguel de Salinas (6.800 habitantes) la oposición socialista expone que en estos momentos hay un empleado municipal que se encarga de la gestión de la oficina turística, pero señala que en tiempos de bonanza hubo contratadas hasta tres personas. El edil José Antonio Carrasco mantiene que el turismo que llega al municipio es residencial y no cree que sea necesario mantener toda esa infraestructura porque es la Concejalía de Turismo la que debería de desarrollar este cometido. No se corta al señalar que la empleada contratada en la «Tourist info» formaba parte de la lista electoral del actual equipo de gobierno del Partido Popular. «Habría que revisar el servicio porque se puede hacer de forma más barata. Ahora el coste, que supera los 25.000 euros al año, es para satisfacer a personas que han ido en la lista del PP», concluye.
Desde Dolores (7.400 habitantes), la portavoz del partido Renovación, Mariola Rodríguez, considera un dispendio de dinero mantener un contrato laboral vinculado al punto de información turística porque «aquí apenas llegan visitantes». Tanto es así que asegura que el empleado se dedica normalmente a realizar otras tareas en el Consistorio por la evidente falta de trabajo del puesto para el que ha sido contratado por 21.797 euros brutos anuales. No aboga por que lo despidan, pero expone la situación como un ejemplo de mala gestión del dinero público porque se ha rebajado el sueldo a todos los trabajadores municipales y, en vez de reestructurar la plantilla, se han mantenido contrataciones para cometidos que el municipio no necesita.
En San Fulgencio la oficina de información turística cuenta con dos trabajadores retribuidos con 50.824 euros brutos anuales. El montante total, según fuentes del equipo de gobierno popular, asciende hasta los 55.000 si se tiene en cuenta el coste del mantenimiento de las instalaciones.
Así, el gasto global de las «Tourist info» comarca continuaría ascendiendo si se suman poblaciones como Albatera, Almoradí o Callosa de Segura, entre otras. La concejala de Turismo de este último municipio, Mónica Rocamora (PP), dice desconocer cuánto dinero se paga cada mes por el alquiler del local en el que está ubicado el servicio ni el gasto que supone el contrato de la persona empleada. No obstante, defiende la idoneidad de mantenerlo para canalizar la demanda informativa de los visitantes.
