Joaquín Albaladejo (PP) esgrimió ayer en el pleno una diligencia judicial que pide al Ayuntamiento que embargue la asignación al grupo del PSOE hasta cubrir los 3.085 euros que le exige un letrado por la deuda de una asistencia jurídica de 2005. Ese fue el argumento del edil de Hacienda para rebatir al PSOE cuando cuestionó las «facturas en los cajones» en las cuentas municipales. El portavoz socialista Ángel Sáez calificó el gesto de «cobarde». Al margen de la tónica habitual esta fue la única bronca plenaria.