El regidor de Callosa de Segura, Javier Pérez (PP), acusó ayer a la empresa concesionaria de la gestión del Centro Deportivo Municipal, la mercantil Aqualia, de presentar facturas de gastos que no se corresponden con la realidad para aumentar su balance de pérdidas de los últimos tres años e intentar cobrar así una mayor subvención del Ayuntamiento que, por contrato, está obligado a sufragar la diferencia entre los gastos y los ingresos anuales que se generan con la actividad del complejo deportivo.

Pérez explicó ayer que ese ha sido uno de los motivos por los que han decicido «rescatar» el servicio, hasta ahora en manos de esta mercantil, para que pase a ser gestionado directamente por el Consistorio. En este sentido, recordó que para que la administración local asuma las pérdidas anuales de la empresa, esta tiene que presentar documentación que acredite los saldos negativos. Sólo en los cinco primeros años de funcionamiento del servicio, entre 2007 y 2011, Aqualia ha reclamado más de 1,5 millones de euros al Ayuntamiento por ese concepto.

En este momento, Aqualia reclama al Consistorio un total de 967.000 euros por las pérdidas que dice haber tenido durante los tres últimos ejercicios. A este respecto, el primer edil dijo ayer que la suma que están dispuestos a asumir es de 278.000 euros puesto que esas son las pérdidas que la empresa ha podido justificar. Ni un euro más. «Nos han colado facturas de otros centros deportivos y no ha presentado la documentación que tiene que presentar para justificar (que el Ayuntamiento abone) la subvención», trasladó el alcalde.

Préstamo

Para finiquitar todo este asunto y arrebatar el servicio a la empresa que lo gestiona, el Ayuntamiento tiene que solucionar dos asuntos. El primero es pagar los 1,5 millones que le debe a Aqualia por la construcción de las instalaciones. Este asunto fue abordado durante la sesión plenaria celebrada el jueves, donde se acordó saldar esta deuda pidiendo un crédito a través del plan de pago a proveedores. Una vez que el Ministerio de Hacienda de el visto bueno a esta operación, el edificio pasará a ser propiedad municipal.

El segundo de los temas a abordar es intentar llegar a un acuerdo con la mercantil Aqualia sobre el dinero que le tiene que pagar el Ayuntamiento en concepto de subvenciones por las pérdidas que ha acumulado durante los últimos años. En caso de que no haya un acuerdo entre la empresa y el Consistorio, el caso acabará en los tribunales. El regidor concluyó que el acuerdo es beneficioso para el pueblo porque ya no habrá que abonar más subvenciones anuales y, con ese dinero, se puede afrontar sin problemas el préstamo obtenido para poder pagar el edificio.