El grupo socialista de Cox ha desvelado que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente ha enviado un comunicado al Ayuntamiento de Cox para advertir que el nuevo Plan General -actualmente en tramitación- «deberá garantizar la compatibilidad urbanística de la estación de transferencia asegurando el suministro de los servicios necesarios para su funcionamiento tales como potencia eléctrica, abastecimiento de agua, conexión al alcantarillado, etc». El texto continúa que «tras revisar la información facilitada en relación con el PGOU de Cox, se observa la falta de referencias a las posibles infraestructuras y servicios de recogida y gestión de residuos. Este documento especifica además la referencia catastral de la finca donde se ubicará la planta.

El portavoz del PSOE, Francisco Cámara, aseguró ayer que esta información se trató en la junta de gobierno celebrada el 21 de junio y que, tras preguntar al regidor, Carmelo Rives (PP), por este asunto, les manifestó que esta petición «es un puro trámite y que no es válida», respuesta que cuestionaron desde la oposición.

Ayer, los alcaldes socialistas de San Isidro y Rafal, Fernando Morales y Manuel Pineda, respectivamente, y el diputado del PSOE Raúl Valerio Medina, comparecieron en rueda de prensa para reclamar que, si se cambiaran las condiciones contractuales en relación a la posibilidad de que se estuviera barajando un cambio de ubicación de la planta de transferencia prevista en Cox, «no se estaría aplicando la sentencia que la presidenta del Consorcio tanto a defendido».

En caso de que eso se produjera, el PSOE de la Vega baja seguiría defendiendo su postura: que se anule la adjudicación y se empiece el proceso estudiando otras alternativas. Los dirigentes defendieron que la gestión de la contrata a la UTE Cespa-Ortiz «se hizo mal desde el principio» y denunciaron la «nula transparencia» del proceso. En este sentido, de quejaron de que en la reunión que mantuvo la Comisión del Consorcio de Residuos de la Vega Baja el pasado martes sólo participan políticos del Partido Popular, algo que calificaron de «falta de transparencia»