El fiscal propuso ayer rebajar la pena para el secretario y la técnico de Bigastro a nueve meses de multa por los delitos de prevaricación y falsedad documental, a razón de 13 euros diarios -y en vez de 4 años de cárcel en el juicio- que se sigue en la sección VII de la Audiencia por supuestas irregularidades urbanísticas (la construcción de dos depósitos de gas en zona verde) y en el que se enjuicia también al exalcalde José Joaquín Moya para quien el Ministerio Público mantiene la calificación; es decir, un castigo de cinco años y diez meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y dos más: prevaricación y falsedad documental.
La tercera sesión del juicio continúo ayer con la declaración de los testigos. Entre ellos se encontraban Aurelio Murcia, quien denunció la instalación de los tanques de gas en zona verde cuando se encontraba como edil del PP en la oposición. Este aseguró que en esta legislatura y como edil del gobierno (hasta ayer, que fue cesado) «solicitamos vaciar los tanques porque eran perjudiciales para la salud». También prestó declaración Raúl Valerio, exconcejal de Urbanismo y quien sucedió como alcalde a Moya cuando este dimitió. A preguntas de la acusación aseguró que «no tuvo conocimiento de la ilegalidad hasta que Guardia Civil comenzó con la investigación».
