El alcalde de Cox, el popular Carmelo Rives, se mostró ayer convencido de que el Consorcio de Residuos o la Generalitat tendrán que acabar dando el visto bueno a trasladar la planta de transferencia a otro municipio puesto que, según dijo, «un litigio contra la modificación del PGOU de Cox alargaría mucho el proceso» y la planta debería de estar en funcionamiento antes del 10 de diciembre. No obstante, un mes antes de esa fecha la UTE Cespa-Ortiz tendrá que especificar a dónde va a llevar las 247.000 toneladas anuales de la Vega Baja mientras no se construye el macrovertedero contemplado en un principio en Albatera. m. a. r.