Tras la declaración del exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, sobre la construcción de dos depósitos de gas en zona verde por la que el fiscal pide cinco años y diez meses de prisión, ayer le tocó el turno a la técnico municipal que firmó la licencia de actividad y al secretario municipal. Los dos trabajadores del Ayuntamiento afirmaron ante el juez titular de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, que creían actuar en «la legalidad» y acatando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual pensaban que estaba aprobado. Ambos afirmaron no haber asesorado nada en cuanto al convenio que realizó el Ayuntamiento con Repsol.
La técnico municipal María Jesús Ferrer declaró que hasta 2008 no vio ningún documento relacionado con la instalación de los depósitos de gas porque se encontraba de baja. Cuando analizó los escritos, realizó un informe desfavorable, ya que durante su tiempo de baja la legislación cambió y para elaborar un estudio positivo se necesitaban otra serie de documentos.
La imputada señaló que un año después firmó una licencia de actividad. Según la técnico, cuando realizó dicha acción desconocía que el PGOU y el plan parcial no estaban aprobados. Ferrer explicó que en el año 2007 se había celebrado un pleno aprobando la modificación del Plan General. Por ello, declaró que «cuando firmé dicha licencia y el plan de compatibilidad de usos, lo hacía siguiendo el reglamento que acordaba el plan urbanístico, no conocí hasta 2009 que el plan no estaba aprobado». Ferrer aclaró que «la obra la supervisaban técnicos externos». No obstante, el técnico externo que certificó y aprobó la compatibilidad de la instalación de los depósitos en zona verde falleció hace un año.
Por su parte, Antonio Saseta, secretario municipal, alegó que su papel en el Ayuntamiento era «dar fe de los actos públicos firmando y aconsejando verbalmente, pero no proporcionando asesoramiento de ningún tipo». Saseta también reconoce la modificación del plan urbanístico que se realizó en 2007.
También la técnico explicó que existe un desacuerdo por las dimensiones del terreno para la instalación de los depósitos. Según parece, si el terreno era mayor de 2.500 metros se podía edificar en zona verde hasta un 10%. Bigastro tiene 17.000 metros de zona verde pero cada uno de ellos divididos en parcelas. Por ello, dependiendo de las partes implicadas era legal o no construir.
Asimismo, algunos testigos declararon sobre las dimensiones que ocupaban los depósitos, el vallado y la legalidad del caso. Entre ellos, el representante de Repsol, quien afirmó «haber realizado un contrato de licencia municipal» y señaló que «todo estaba en orden cuando se empezaron las obras en 2007».
El fiscal solicita 5 años y 10 meses para el exalcalde por los delitos de ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental. También reclama cuatro años de prisión para la técnico y el secretario municipal por estos dos últimos delitos.
El juicio continuará en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial el martes a las 9.15 horas.
