El excalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, declaró ayer ante el juez que aprobó la construcción de dos depósitos de gas en una zona verde, así lo contemplaba el en el Plan General de Ordenación Urbana de Bigastro, «en base a informes técnicos» y desconociendo «la ilegalidad» de construir en dichos terrenos. Moya aseguró que «nadie me dijo que era ilegal, si lo hubiese sabido no lo habría permitido». En cuanto a su papel como representante del Ayuntamiento, Moya respondió que «yo sólo era alcalde, no era omnipotente» y con su firma en diversos contratos e informes «sólo certificaba lo que otros gestionaban o controlaban, simplemente firmas lo que los técnicos gestionan».
Moya se pronunció ayer de esta manera en el juicio que se sigue contra él en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. La vista debería haber comenzado el pasado lunes, pero tuvo que aplazarse porque el procesado no pudo acudir a los juzgados por motivos personales.
El exalcalde se enfrenta a una pena de cinco años y diez meses por un delito contra la ordenación del territorio y por otro de falsedad documental y prevaricación. Asimismo, están acusados en este procedimiento el secretario municipal y una técnico, para quienes la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial.
El exalcalde intentó justificar ante el juez su motivación en este asunto. Moya afirmó que en «aquel entonces Bigastro era uno de los pocos municipios en los que no estaba prevista la instalación de gas butano y, por ello, firmé el acuerdo con Repsol».
También indicó que decidieron construir los dos depósitos de gas en una parcela de 1.170 metros cuadrados que formaba parte de una más grande, ya que el plan parcial tenía 17.000 metros cuadrados en zonas verdes. En este sentido, el exalcalde aseguró que «la obra contaba con todos los informes técnicos necesarios, y yo no decidí nada personalmente». Moya confirmó que la razón por la que el Ayuntamiento se hizo cargo de todas las instalaciones fue porque «se trataba de un lugar con pequeños propietarios, de manera que, para tutelar el proyecto, la gestión directa se la llevó el Consistorio, pero cedíamos la infraestructura a la empresa Repsol para ofrecer el servicio, sin pedir nada a cambio».
En contraposición al informe presentado por la Fiscalía, el letrado del procesado, defendió que «de la parcela de 1.170 metros cuadrados adjudicada al Ayuntamiento, la instalación de los dos depósitos sólo ocupaba 150 metros, ya que con el vallado suponía el 50% del total y no el 70% como se había dicho con anterioridad».
En cuanto a una de las preguntas del juez sobre su profesión, Moya explicó que estudió Ciencias Económicas. Por ello, el magistrado de la Sección Séptima indicó que no entendía que no supiera realmente lo que estaba firmando.
La declaración de José Joaquín Moya concluyó ayer a las 14 horas. No obstante, el juicio continúa hoy, a partir de las 9.30 horas en la Audiencia Provincial, con las declaraciones del secretario municipal, la técnico que firmó la compatibilidad de la zona verde y los testigos.
