El exalcalde socialista de Bigastro José Joaquín Moya ha manifestado hoy ante el juez que nadie le dijo que era "ilegal" la construcción de dos grandes depósitos de gas en una parcela calificada como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de este municipio.
La sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, ha iniciado el juicio al exregidor de Bigastro por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación.
El fiscal pide cinco años y diez meses de prisión para Moya por los citados supuestos delitos.
Según la acusación pública, el exalcalde fue el promotor de las obras de los dos depósitos de gas llevadas a cabo en 2007, pese a que, presuntamente, "conocía" la vulneración de la normativa urbanística.
A este respecto, Moya ha alegado en la vista oral que estaba convencido de la plena legalidad de las actuaciones porque "nadie" le "dijo que era ilegal" construir esos depósitos en dicha parcela.
En caso de que le hubieran dicho lo contrario, ha subrayado, no habría autorizado las obras.
Sobre el acuerdo para la construcción de los dos depósitos, ha expuesto que Bigastro era uno de los pocos municipios que no iba a tener acceso a la distribución de gas ciudad en aquella época.
Moya, que fue alcalde de Bigastro durante 25 años, ha añadido que "entendieron" la necesidad de que el nuevo plan parcial contemplará la conveniencia de que esta población tuviera suministro de gas ciudad para reducir en electricidad.
A pesar de ello, ha asegurado que "desconocía" los detalles concretos y normas del plan parcial y del propio PGOU.
"Yo sólo era el alcalde, no era omnipotente", ha señalado Moya, quien ha agregado que su firma en los diversos contratos "sólo certificaba lo que otros gestionaban y controlaban".
"Mi firma complementaba el resto de firmas del documento", ha dicho el exregidor, quien se ha negado a contestar a las preguntas del letrado de la acusación particular de este consistorio.
A la pregunta de la sala sobre su profesión, Moya ha explicado que estudió Económicas, razón por la que el magistrado de la sección séptima de la Audiencia de Alicante ha indicado que, con esa formación, no se entendía que no supiera realmente lo que estaba firmando.
Además del exalcalde, se sientan en el banquillo de los acusados una técnico y el que fuera secretario municipal en 2006 por tratar de avalar con informes presuntamente arbitrarios la actuación de Moya.
El juicio continuará mañana con las declaraciones de los otros dos acusados y de los testigos.
El ministerio público solicita que Moya se haga cargo de la demolición de la construcción ilegal y propone, en caso no poder hacer frente a los gastos, que sea el propio Ayuntamiento de Bigastro el responsable del desembolso.
Igualmente, pide anular el escrito de la técnico municipal sobre el uso de la parcela, en el que concluía que la "actividad proyectada es compatible con la normativa y el planteamiento urbanístico municipal", así como el resto de actuaciones administrativas relacionadas.
