El alcalde Eduardo Dolón (PP), cinco concejales de su equipo de gobierno y dos exediles populares han sido llamados a declarar los días 7, 8, y 9 de agosto en el marco de la investigación de un supuesto delito electoral. Todos participaron en la junta de gobierno que dio el visto bueno a la realización de un mitin electoral el 19 mayo de 2011 en el Teatro Municipal, recinto que no se encontraba en la lista de lugares públicos autorizados para la celebración de actos políticos, y cuyo permiso fue rechazado en dos ocasiones por la Junta Electoral de Zona, según mantiene la Fiscalía y la acusación que ejerce el PSOE local. El acto se celebró con la participación del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el diputado Federico Trillo.
Dolón, concejal de Cultura cuando ocurrieron los hechos, y el diputado provincial y teniente alcalde, Joaquín Albaladejo, como jefe de campaña del PP para las últimas elecciones municipales, tienen previsto acudir al interrogatorio acompañados de sus abogados en el juzgado de Instrucción Número 5 durante la mañana del miércoles 7. El día 8 le tocará el turno a la edil y secretaria de la junta de gobierno, Dolores Albaladejo, y al edil de Urbanismo, Francisco Moreno. Los concejales José Antonio Sánchez y Javier Montoro declararán en la jornada del 9.
El Teatro Municipal fue la segunda opción a la hora de escoger recinto para el PP puesto que la Junta Electoral ya le había vetado celebrar el acto en el Auditorio Internacional, inaugurado unas semanas antes.
Informe
Además de decidir estas diligencias, la jueza Natalia Martínez ha recibido un exhaustivo informe con el expediente de tramitación de la oferta municipal de recintos públicos electorales en aquella campaña que solicitó a la secretaria del Ayuntamiento y en el que se concretan las comunicaciones entre la Junta Electoral y el Ayuntamiento. Entre esa documentación figuran los informes que para el PP avalan la realización del evento horas antes de su celebración en una junta de gobierno convocada para cambiar la terna de recintos autorizados y que fueron rubricados por el funcionario Eliseo Sánchez, imputado en la causa y que declara el día 9. Otros funcionarios habilitados para asesorar jurídicamente sobre este asunto no fueron reclamados por el equipo de gobierno. Días después de estas comparecencias, la jueza ha aceptado la petición de una de las partes personadas para que la secretaria municipal declare como testigo.
El delito electoral está castigado con penas de inhabilitación para ejercer cargo público.
Fue la Fiscalía la que decidió abrir diligencias poco después de que el mismo día del acto el PSOE local denunciara los hechos en el cuartel de la Guardia Civil y requiriera la presencia de agentes que certificaran que el acto se estaba llevando a cabo. El mitin no estuvo exento de polémica. Federico Trillo dedicó una vistosa peineta a los militantes de Juventudes Socialistas que protestaban en el exterior por el hecho de que se estuviera llevando a cabo el acto pese a la orden de la junta electoral.
Un miembro del Instituto Armado ya ha declarado en este sentido como testigo confirmando que Camps, Trillo y otros destacados miembros del PP acudieron y participaron en el acto.
La primera citación a declarar de los investigados a principios de junio fue pospuesta por la jueza al presentar el PSOE una querella en el procedimiento para ejercer la acusación.
Inicialmente la investigación recayó sobre Pedro Hernández, en aquel momento apoderado del PP en la comarca, diputado autonómica y alcalde de Torrevieja. Una vez analizada la causa, el Tribunal Superior de Justicia ordenó que el procedimiento volviera a los juzgados de Torrevieja porque entendía que existían indicios de delito pero no atribuibles a la actuación del exprimer edil.
