La jueza que investiga el caso Brugal ha instruido diligencias para averiguar la financiación que recibió el Partido Popular en las elecciones municipales de mayo 2007 por parte de Ángel Fenoll, principal encausado en la trama y otras 51 personas y empresas de su entorno. Todas ligadas al supuesto amaño de la adjudicación posterior de la contrata de basura a favor de Fenoll y ya bajo el mandato de Mónica Lorente -alcaldesa del PP entre 2007 y 2011-. La jueza considera que el polémico empresario oriolano de las basuras realizó esta financiación a cambio de garantizar la presencia de personas que salvaguardaran sus intereses en el Ayuntamiento de Orihuela, en especial para la obtención de la contrata de basuras que finalmente se adjudicó a través de empresas interpuestas dirigidas por testaferros -Gobancast y Liasur- en unión de un socio externo -Sufi-, o el pago de facturas del servicio de recogida de basura en la costa oriolana que realizaba sin mediar adjudicación.

Desde 2006, Policía y juzgados investigan en el caso Brugal una trama de adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos en el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación Provincial en beneficio de este empresario oriolano. En el procedimiento hay más de medio centenar de imputados, entre empresarios y cargos públicos. El de la financiación del PP local forma parte de una de las ramas de la investigación.

La magistrada del juzgado de Instrucción 3 de Orihuela explica en un auto que de los pinchazos telefónicos realizados por la Policía durante más de dos años y medio y la declaración de uno de los investigados en la causa se desprende que Ángel Fenoll financió de distintas formas en Orihuela al Partido Popular y al Partido Social Demócrata -formación independiente ya desaparecida-, en las elecciones municipales celebradas el 27 de mayo de 2007. Los financió, dice el auto, "bien personalmente, bien haciendo uso de personas o mercantiles interpuestas para obtener así el favorecimiento de sus intereses personales con posterioridad". Entre el material promocional electoral que supuestamente suministró Fenoll a gran escala para los actos del PP figuran, por ejemplo 5.000 mecheros adquiridos a Comercial Candel, según consta en la investigación de la Policía, pero también bolsos, espejitos o pulseras. Los investigadores apuntan en sus informes que este apoyo de Fenoll al PP "fue algo más que circunstancial y obedecía a una estrategia planeada para asegurarse la presencia en el Consistorio oriolano de aquellas personas que mejor iban a poder defender sus intereses". Además del material promocional proporcionó la organización de actos, el flete de autobuses e incluso un dispositivo de personas que siguieron a los electores a las puertas de los colegios en algunos puntos del municipio el día de las elecciones para suministrarles los sobres con las papeletas.

La jueza pide nuevas diligencias para completar la investigación y reclama al Tribunal de Cuentas los conceptos de ingresos electorales del PP con las empresas que facturaron operaciones de la campaña electoral superiores a 6.100 euros, además de si constan en esas aportaciones las empresas ligadas a Fenoll. De la comercial que servía los artículos de propaganda, solicita la facturación, encargos y compras de logotipos y otro material publicitario para el PP y el PSD en 2007, si durante ese plazo Fenoll y su grupo de empresas también realizaron compras en esa mercantil, así como la facturación total de la misma durante el año 2007 a Hacienda.

Empresas

Entre las personas y empresas investigadas para averiguar si hicieron aportaciones al PP local durante 2007 figura, además de Fenoll y buena parte de su entorno familiar, Rafael Gregory, el principal intermediario imputado en la otra rama del Brugal referente al supuesto amaño de la adjudicación del plan zonal residuos de la Vega Baja en beneficio de Cespa-Ortiz. En este procedimiento que indaga en las supuestas ayudas que recibieron los partidos por parte de Fenoll, la juez aclara que el PP ha aportado la documentación relativa a sus cuentas abiertas de recaudación de fondos para sufragar los gastos de las elecciones, pero que no ha sido el caso del PSD, en aquel momento liderado por Francisco García Ortuño. La que fuera alcaldesa tras las elecciones municipales de 2007 y actual diputada provincial del PP, Mónica Lorente, está imputada desde junio de 2012 en esta causa por cinco delitos: prevaricación, revelación de información, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude. Las defensas de los imputados han alegado que en caso de darse algún tipo de irregularidad, ésta habría prescrito.

Los juzgados investigan quién filtró un censo a los Fenoll

La magistrada Ana Belén Cordero especifica que el ejecutivo de Sufi, Ángel Bracho, imputado en la causa, en su declaración explicó que Antonio Ángel Fenoll, hijo de Ángel Fenoll, le entregó un censo de la población de Orihuela, en este caso para contar con los datos para preparar la oferta que las empresas interpuestas por Fenoll -Gobancast y Liasur y la filial de la multinacional Sacyr- iban a presentar a la contrata de las basuras en 2008. La juez pregunta al Ayuntamiento de Orihuela quién era el concejal responsable del área de censo y quiénes prestaban servicio en aquel momento en sus oficinas de censo, además de quiénes estaban autorizados a acceder a esos datos. Sufi, filial de Sacyr, fue la empresa socia de Gobancast y Liasur en la contrata de basura de Orihuela.