El espectacular edificio que debería acoger la residencia de discapacitados psíquicos y físicos de Torrevieja está terminado desde enero de 2012. Costó 4,6 millones de euros, pero no funciona. Las superficies exteriores de patios y aparcamientos, más de siete mil metros cuadrados, se la "comen" los matojos. Los restos de botellones que se celebran a lo largo de la Avenida de Delfina Viudes también se han cebado con el recinto mientras que las dependencias, otros 3.500 metros cuadrados edificados, las mejores preparadas para atender a dependientes, crían polvo. Ha transcurrido un año y medio desde su culminación y no se va a poner en marcha de forma inminente. Solo el presupuesto empleado en levantar el edificio podría garantizar la subvención -sin recortes- durante 15 años del centro ocupacional que gestiona ALPE para los discapacitados de la comarca en Torrevieja.
Como recogió INFORMACIÓN, las obras de la residencia fueron ejecutadas por la mercantil Guifersol S.L. gracias al Plan E II del Estado. El edificio está en una parcela de la Avenida Delfina Viudes, junto al Colegio Público Habaneras, en un solar de 11.152 metros cuadrados. La residencia,concebida con todo tipo de avances, está destinada principalmente a personas con Síndrome de Down con distintos grados de minusvalía psíquica y física. Los familiares buscaban con este proyecto contar con una infraestructura que les diese la tranquilidad de que sus allegados iban a estar atendidos cuando ellos ya no estuvieran en condiciones de hacerlo. Ya existen dependencias de este tipo en la ciudad para niños con necesidades especiales, pero no para adultos. Lo mismo ocurre en el resto de la comarca. Concebida en su día para albergar a 88 usuarios de forma permanente, los responsables de la Conselleria de Bienestar Social mantienen que no pueden soportar el alto coste derivado del mantenimiento de un centro de características hospitalarias-residenciales con los grandes recortes del gasto público que sufre la administración autonómica.
El alcalde Eduardo Dolón (PP) mantiene públicamente que la paralización se debe a una cuestión burocrática de la que además responsabiliza a Bienestar Social, pero hasta el vicepresidente del Consell José Císcar, llegó a enmendarle la plana para asegurar que se han concebido edificios que nadie sabía si se podrían gestionar. El último que no atendió a las reclamaciones del primer edil sobre este asunto fue el secretario autonómico de Bienestar Social, Joaquín Martínez, quien en septiembre pasado y en una comparecencia junto a Dolón dijo que para abrir un centro de estas características "había que echarle imaginación" y que era muy improbable que eso sucediera en 2013. Incluso aseguró que el debate no estaba ni tan siquiera en si la gestión sería pública, privada 0 mixta, "el tema es si se puede abrir alguna fase", zanjó.
Visitas y anuncios
Tras la conclusión de las obras fueron varios los colectivos sociales de Torrevieja que visitaron las dependencias para conocerlas. Una especie de "jornadas de puertas abiertas" que se celebraban poco antes de las elecciones de mayo de 2011 y que sería antesala del anuncio de su supuesta apertura inminente.
Esta residencia para discapacitados cuenta con 28 habitaciones dobles y 32 simples y un único edificio. El objetivo era dotar a Torrevieja de una infraestructura pública de uso hospitalario "única en la comarca de la Vega Baja", según anunció el equipo de gobierno, en régimen de alojamiento y "con todos los medios necesarios para la satisfacción de las necesidades de sus residentes".
El proyecto de la residencia comenzó a fraguarse a finales de 2009 cuando se abrió el expediente municipal. En febrero de 2010 se adjudicó su redacción a la empresa Planificación de Ingeniería y Arquitectura. En agosto el Ayuntamiento realizó otros tres contratos, que recayeron en el mismo gabinete de arquitectos -66.000 euros cada uno- para la coordinación de los trabajos de seguridad y salud, dirección de obra por un arquitecto y el de un arquitecto técnico. La adjudicación definitiva llegó en julio de ese año, con un plazo de ejecución de 12 meses.
Los recortes del Consell obligan a ALPE a elevar las cuotas a sus usuarios
La presidenta de la Asociación Comarcal para la Rehabilitación del Deficiente (ALPE) Fina Sala explicó ayer que los recortes del Consell a la hora de subvencionar el centro comarcal que gestiona esta entidad en la ciudad va a obligar a elevar las cuotas de las familias de los alumnos atendidos. Algo que se planteó el martes en una asamblea. En el ALPE de Torrevieja, una entidad con más de tres décadas de historia, funciona un centro educativo con 37 alumnos, y otro ocupacional, con otros 43, procedentes de Torrevieja, San Miguel de Salinas, Guardamar y Los Montesinos. En el colegio trabajan una veintena de profesionales. La atención que reciben los usuarios - la mayoría con síndrome de Down, muchas de ellas con secuelas físicas, es vital para ellos y sus familiares-. La subvención anual que recibe de la Conselleria de Bienestar Social para el centro ocupacional se ha recortado un 10% -de unos 300.000 euros a 270.000- y sólo tras denunciar públicamente que no habían recibido ni un euro este año acaban de percibir el 30%. Ayer mismo esta entidad, con otras de la provincia, secundaron una protesta en Alicante contra estos recortes. Otras entidades como ADIEM -enfermos mentales- también han tenido que poner en marcha cuotas. D.P.
