La magistrada juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela ha abierto diligencias para investigar si el alcalde de Rafal, Manuel Pineda, y la junta de gobierno han cometido un supuesto delito de prevaricación tras admitir a trámite una denuncia interpuesta por el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Ballesta, quien encontró posibles irregularidades en la cesión de un terreno privado que ahora se utiliza como aparcamiento público al lado del Ayuntamiento.
Los hechos se remontan a comienzo de legislatura, en diciembre de 2011, cuando el equipo de gobierno aprobó la cesión de un terreno privado a favor del Consistorio con la compensación a los propietarios a cargo del Impuesto de Bienes Inmuebles. Según indica la denuncia de los populares, la secretaria advirtió en su informe que esta cesión no cumplía con la legalidad vigente, sin embargo, los hechos que denuncian los populares no solo tienen que ver con la apreciación de la funcionaria sino que, al parecer, el Ayuntamiento realizó unas mejoras en dicho terreno "con dinero público" valoradas en más de 19.000 euros que fueron facturadas 45 días antes de la cesión. Asimismo, la misma denuncia especifica que la secretaria también emitió un informe de reparo sobre la mencionada factura, un mes antes de que se diera el visto bueno a la cesión, por la insuficiencia de la descripción de los trabajos efectuados y por la falta de documentación relacionada con la necesidad de ejecutar los trabajos y su coste.
Pineda evita hacer declaraciones
La juez, quien ha dado aviso al Ministerio Fiscal, indica en el auto que contra esta resolución cabe recurso. Sin embargo, Pineda no quiso declarar nada al respecto ya que "tengo que revisar toda la documentación" y advirtió que comparecería mañana para dar su versión de los hechos.
