La jueza Monserrate Mula Igualada ha vuelto a reiterar al Ayuntamiento su petición de toda la información que le pueda remitir la administración local sobre el uso de los móviles públicos por parte de concejales del equipo de gobierno, asesores y funcionarios de Torrevieja. La petición llega a la Corporación justo un mes después de la primera porque ningún departamento municipal, según fuentes consultadas por este diario, se ha hecho cargo de atender la primera pese a que iba dirigida al alcalde Eduardo Dolón (PP), como presidente de la Corporación. La primera diligencia llegó al Ayuntamiento el 5 de abril; la segunda, a primeros de mayo.
Lo que pide el juzgado es toda la información sobre ese servicio para investigar si hubo una supuesta malversación por parte de cargos públicos y trabajadores municipales a la hora de emplear este servicio, pagado por el erario público local, tal y como denuncia el PSOE y la Fiscalía.
La jueza, que ejerce como sustituta, pide al Ayuntamiento que informe si con cargo al erario público se contrataron servicios de telefonía móvil y "en caso que así fuere" aporte la fecha de la contratación y la compañía que los ofrece. Además pide que se especifique el número de terminales contratados, a qué personas se asignaron y el cargo que ocupaban además del periodo de tiempo que lo utilizaron.
El juzgado de Instrucción número 5 de Torrevieja es el que ha asumido el procedimiento a instancias de la denuncia de la oposición ante la Fiscalía por un uso de los móviles municipales ajeno a la función pública que supuestamente va más allá de la conciliación de la vida laboral con la familiar. Por este asunto, Daniel Plaza renunció a su cargo "ante la presión mediática" en noviembre tras conocerse que desde su terminal se llamaba a prostitutas. Además también se dieron a conocer usos irregulares por los ediles Agustina Esteve, Javier Montoro -con llamadas a particulares de varias horas- y Eduardo Gil -suscrito a canales porno-. Los dos últimos devolvieron el importe que consideraron que correspondía a llamadas privadas.
Departamentos
Con esta demanda de información, ahora reiterada, se abren las diligencias de investigación en esta causa. Sin esta documentación básica la jueza no puede dar más pasos en el procedimiento. Las áreas implicadas en la recopilación de estos expedientes son el CITIC de la Concejalía de Nuevas Tecnologías, el área de Contratación y en menor medida la de Intervención.
En este sentido el PSOE de Torrevieja invitó ayer al equipo de gobierno a colaborar con la justicia y advirtió que en caso contrario deberán barajar acciones en este sentido. El juzgado también ha pedido el mismo tipo de documentación a Vodafone, que presta el servicio al Ayuntamiento y que sí ha respondido.
En este sentido la denuncia también queda constancia de que el servicio no cuenta con el soporte de un contrato y que Vodafone lo presta a través de un acuerdo comercial sin concurso previo. Poco después de la primera solicitud, fechada el 21 de marzo en el juzgado pero que entró en el Ayuntamiento el 5 de abril, el interventor accidental emitió un informe en el que admitía la ausencia de contrato de telefonía móvil desde hace 13 años y la situación irregular en la que se está prestando y pagando el servicio público.
El Ministerio Público recibió la denuncia del PSOE el 7 de enero, abrió diligencias el 15 de febrero y remitió el asunto al juzgado de Torrevieja para su reparto, con su propia denuncia, el 6 de marzo. La petición más allá de profundizar en los hechos, tiene como objetivo verificar los datos que ya obran en la denuncia en la que figuraban 25 carpetas con documentación y un lápiz de memoria con las copias de las facturas, entre otros documentos, como copias de actas de junta de gobierno, plenos y ruedas de Prensa del alcalde.
