La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado penas de siete años de prisión para el exinterventor del Ayuntamiento de Orihuela, José Manuel Espinosa, por quedarse con 110.678 euros entre los años 2000 y 2004, según confirmaron a este diario fuentes del ministerio público. El fiscal le acusa de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad de documentos oficiales. El ministerio público reclama también 18 años de inhabilitación para el funcionario, así como que devuelva a las arcas municipales el dinero desaparecido. El Ayuntamiento está personado en la causa como acusación para reclamar estas cantidades.
Según el escrito de acusación, Espinosa se aprovechó de que no estaba sometido a ningún tipo de supervisión y contaba con un acceso absoluto a la documentación y el sistema informático del Ayuntamiento para encubrir sus manipulaciones contables. El juzgado de Instrucción número dos le ha abierto juicio oral en una causa que tendrá que ser enjuiciada por un jurado popular.
Espinosa era interventor del Ayuntamiento de Orihuela desde el año 1979, cargo que ocupó hasta febrero de 2005, cuando estalló el escándalo. En la actualidad sigue trabajando como funcionario en la administración local. En su día, el exinterventor alegó que blanqueaba facturas para el entonces alcalde, José Manuel Medina. La documentación que aportó en la Fiscalía Anticorrupción dio inicio a buena parte de las 16 piezas separadas que se abrieron en los juzgados por la gestión de Medina. Aunque la mayoría fueron archivadas, cinco continúan abiertas y Espinosa ha sido llamado a declarar como testigo.
En la causa por el presunto desfalco de Espinosa en las arcas públicas del Ayuntamiento de Orihuela, se sentará en el banquillo un segundo imputado a quien el fiscal acusa de colaborador en el delito. El empresario José Manuel Lidón se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por haber ayudado supuestamente al exinterventor a distraer 12.165 euros de los fondos desaparecidos simulando unos trabajos de albañilería de su empresa, Construcciones Llorlli, en el Ayuntamiento. Para ello, según el ministerio público, Espinosa habría realizado cinco transferencias a la cuenta de esta mercantil el 21 de septiembre de 2004 por estas supuestas obras que nunca fueron realizadas, ni fueron aprobadas por ningún órgano municipal competente para ello. El fiscal sostiene que entre los dos se repartieron después este dinero.
Anticorrupción asegura que el exinterventor municipal se aprovechó de que en todo momento tenía a su disposición cuanta documentación económica obraba en los servicios municipales, así como el libre acceso a la contabilidad del Ayuntamiento, alterando los apuntes contables relativos a ciertas operaciones que la corporación podía mantener con algunos de sus proveedores. Entre las prácticas presuntamente irregulares detectadas estaría el reconocimiento del pago de obligaciones a terceras personas por distintos servicios que no eran exigibles al Ayuntamiento; haciendo pagos que no habían sido aprobados por el órgano competente para los que falsificaba documentos para simular su aprobación; y en tercer lugar, reconociendo y abonando facturas falsas.
Facturas que no se corresponden a ningún servicio y cobran otros
La investigación ha desvelado el presunto pago de facturas que no se correspondían con ningún servicio prestado al Ayuntamiento. El fiscal señala en el escrito de acusación que se han detectado casos de supuestos emisores de las facturas que al ser citados para declarar no las han reconocido como propias. En otros casos, los importes abonados no coincidían con el de las facturas reales. También se ha llegado a constatar la existencia de facturas que no constaban en los archivos municipales, así como del soporte documental de la contraprestación por la que se habían emitido. La instrucción ha detectado casos en los que el exinterventor habría procedido al cambio del primitivo beneficiario de la operación por otro distinto, o bien realizado pagos que no eran recibidos por el interesado al que debían de ir dirigidos. La Fiscalía sostiene que el acusado contaba con libre acceso y disposición absoluta de la documentación y del servicio informático que registraba la contabilidad del Ayuntamiento. Como máximo responsable del dinero de la corporación no estaba sometido a ningún tipo de supervisión técnica. J. A. M.
