La Fiscalía comparó ayer al exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, "con un ladrón -dijo- que roba un radiocasete y que, cuando lo pillan, lo devuelve". Así quedó visto para sentencia el juicio contra el que fue uno de los cargos socialistas más importante de la Vega Baja durante más de dos décadas y que presentó su dimisión a raíz de su detención por la Guardia Civil el 28 de octubre de 2008, lo que dio lugar a varias causas aún en fase de instrucción. Moya y la técnico M.J.F.E. se enfrentan 15 meses de prisión y 9 de inhabilitación para cargo público por un delito contra la ordenación del territorio. El de ayer era el segundo juicio dentro de los procesos que tiene abierto por su gestión al frente del Ayuntamiento de Bigastro y el primero por el que se le pide cárcel. En septiembre pasado fue condenado a 7 años de inhabilitación, junto al secretario, Antonio Saseta, por subastar en 2005 una parcela de 35.000 metros cuadrados de suelo público en un paraje protegido. Ésta iba destinada a un apartahotel con un pequeño campo de golf y carecía de la autorización del Consell, pese a que el precio de venta era de 2,1 millones de euros y superaba el 25% del presupuesto municipal.
El procedimiento por el que fue juzgado ayer también tiene su origen en el mismo suelo, en La Pedrera, pero los hechos se remontan a un año después, al 10 de octubre, de 2006, cuando el entonces alcalde concedió una licencia a la empresa Eurener -propiedad de un familiar, concretamente un primo suyo- para construir un huerto solar. La cuestión fundamental que se debatía ayer era si ese suelo, que era no urbanizable y que aparece en el PGOU como suelo especial que estaba pendiente de desarrollo (lo que limita lo que se puede hacer sobre él), necesitaba un doble control de la Generalitat. Por una parte, para aprobar el plan especial y, por la otra, para desarrollar una actividad, para lo cual la acusación entiende que hubieran sido necesario hasta dos informes básicos que lo avalaran: uno, en el que se declarara el interés comunitario; y otro, el del estudio de impacto ambiental. Pero nada se hizo.
De hecho, el Ayuntamiento entendía que no era preciso y que podía aprobar por sí mismo el plan parcial, lo que había hecho el 20 de abril, como después esa actividad, lo que realizó el 10 de octubre. Lo que llama la atención es el hecho de que, paralelamente, Moya sí que había tramitado ante la Conselleria el expediente para el desarrollo del plan especial, pero cuando la Administración le reclamó más documentación no contestó y dejó que caducara.
Después de estallar el escándalo, tras intervenir el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil por las quejas de los vecinos (se roturaron 7.000 metros cuadrados) y denunciar los hechos el Partido Popular de Bigastro, a través de José Antonio Ricart, el Ayuntamiento de Bigastro echó marcha atrás a instancia de uotro requerimiento que le hizo la Conselleria de Medio Ambiente y lo anuló. Han pasado seis años y ese suelo no se ha vuelto a tocar.
Interrogatorio
Moya, quien también tenía la responsabilidad del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Bigastro durante esos años, contestó ayer al interrogatorio del fiscal con vaguedades: "No lo sé", "no me acuerdo", "si lo he firmado...". Declaró que no entiende de Derecho y llegó a decir que "si hubiera sido consciente no lo hubiese aprobado" o "si hubiera dispuesto de un informe no hubiera firmado esa licencia".
Además, se negó a contestar a las preguntas del letrado de la acusación popular, Marcos Sánchez Adsuar, y quedó en manos de su abogado Jaime Miguel Peris, para que articulara su defensa. Éste negó que la Generalitat fuese la institución competente para toda cuestión urbanística y defendió la autonomía municipal para tomar decisiones como las que tomó su cliente. Así llegó a asegurar que el Ayuntamiento cuando aprobó el plan especial estaba completamente legitimado porque lo que allí hizo fue una ordenación pormenorizada y no estructural del suelo. Para la primera tiene competencias los ayuntamientos; para la segunda, la administración valenciana.
Peris tejió una defensa basada en poner en duda si los informes jurídicos que han colocado en el banquillo a Moya tienen fundamento o no. Así partió de que el del Seprona se hizo por un guardia civil que no tiene más conocimiento que los cursos que ha realizado y que éste se fio de lo que le dijo la Conselleria de Urbanismo; después dejó claro que el director territorial de Urbanismo, Ramón Rizo, quien acudió como testigo, firmaba decisiones que no eran más que calco de los informes de sus técnicos porque, evidentemente, él es incapaz de elaborarlos aunque los rubricara sin entender el fondo del asunto. Y puso el broche a su intervención llamando como testigo al urbanista Juan Enrique Serrano, a quien hay que atribuirle que el exalcalde estuviera sentando en el banquillo porque él hizo el informe en el que se basó el Ayuntamiento de Bigastro para aprobar el plan especial sin pasar por la Generalitat. En una extensa intervención, éste dejó claro no sólo que él defiende esta tesis sino que ha escrito libros sobre ella y sembró la duda sobre hasta dónde llega la competencia de los ayuntamientos y de la Generalitat en urbanismo. Las defensas solicitaron la libre absolución de los dos acusados.
Un municipio con sólo un técnico y sin oposición
Junto al exalcalde de Bigastro se sentó ayer en el banquillo la única técnico municipal que tenía el Ayuntamiento, que entró en 2004 tras una "prueba selectiva" y que tres años más tarde consolidó su plaza tras un proceso de funcionarización. Su firma era necesaria en los informes para dar autorización al huerto solar y ayer declaró que por aquel expediente preguntó al secretario Antonio Saseta y que éste le dijo que el pleno había aprobado seis meses antes el plan especial por lo cual lo visó. Precisamente el fedatario (condenado por Moya a 7 años de inhabilitación) estaba citado como testigo y no compareció por encontrarse enfermo.
