Mónica Lorente tiene que declarar sí o sí en el caso Brugal, que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de la basura. La magistrada, Ana Belén Cordero, quiere que le explique especialmente dos cosas: por qué tuvo tanto interés en que quedara desierto en 2005 el concurso de las basuras de Orihuela y si sabía que Ángel Fenoll había presentado dos propuestas (ambas fallidas). Es decir, lo que la magistrada quiere saber es si Lorente tuvo algo que ver en el origen de este proceso. Sólo hay que leer el detallado informe que firmó la magistrada el 10 de enero para descubrir que tiene que acudir a su presencia independientemente de que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal obviara su nombre en el informe que suscribió el 29 de abril de 2010 y que fue el que en buena medida sirvió al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, para señalar a quién había que citar como imputados. La que manda es ella y tiene que ir tanto si le gusta como si no.
La magistrada asegura que, independientemente de lo que opine ella, su abogado o el fiscal, la imputación de hechos es suya. De hecho, y tras un año en el juzgado, a esta mujer todos la definen como meticulosa, muy conocedora del procedimiento y cabeza visible de los interrogatorios por encima del Ministerio Público. Y sólo hay que leer el auto para ver que es así. Por ejemplo, a un alegato que la defensa hizo de la supuesta falta de consistencia penal de la causa contra Lorente, la magistrada le contestó que sí ha yindicios objetivos de delito, " que, a mi juicio, aparecen en la causa y que es precioso investigar. Puede discrepar la parte sobre el significado o entidad, pero para poder averiguar dichos extremos se hace necesario llamar a declarar, en calidad de imputado, en plena garantía de sus derechos a la persona que aparentemente aparece como responsable de los hechos".
¿Qué son esos indicios? La Fiscalía eleva a cinco los delitos que se derivarían de la actuación de Lorente y que son: revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, delito de actividades prohibidas a autoridades, delito de tráfico de influencias, delito de fraude y delito de prevaricación. Y eso que el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal no la citaba.
Una de las cuestiones importantes para la magistrada es si Lorente conocía la doble oferta presentada por Ángel Fenoll al concurso de las basuras. Como se recordará, fueron las grabaciones de supuesta corrupción en la adjudicación repartidas por éste tras conocer que la propuesta más valorada era la de Urbaser la que dieron origen al proceso y que sirvieron más tarde al Ayuntamiento de Orihuela para declararlo nulo.
Escrito
La magistrada dice así: "Consta en la causa que el 28.3.06 varios concejales del grupo popular presentaron un escrito suscribiendo las directrices propuestas por Mónica Isabel Lorente Ramón el 27.3.06 en el sentido de que debían solicitarse cuantos informes fuesen necesarios para que la adjudicación se hiciese de forma unánime por toda la mesa de contratación, que la comisión informativa no dictaminase y que no se elevase ninguna propuesta al pleno". Según la jueza, en la comisión informativa celebrada el mismo día: "Fue la propia Mónica Isabel Lorente Ramón la que solicitó la petición de nuevos informes obviando los que ya constaban en el expediente y que la adjudicación se realizase por unanimidad". De todo el documento de la jueza, probablemente sea este párrafo el más contundente porque lo que no se explica es por qué el Ayuntamiento quiso ser tan transparente en este asunto queriendo que todos los informes fuesen favorables, cuando estaba permitiendo la "situación irregular en la que se encontraba la prestación de este servicio" desde 1994. Así lo explica la magistrada que, aunque no lo cita, encuentra mucho apoyo en la declaración de otro imputado que parece clave para explicar qué pasó entonces. Es la que prestó el entonces alcalde, José Manuel Medina, quien admitió haberse sentido presionado para que la propuesta que había ganado Urbaser quedara sin efecto. De hecho, años más tarde la mercantil obtuvo en los tribunales una sentencia favorable al entender que había sido la ganadora de dicho concurso por lo cual aún se está tratando de resolver a día de hoy cómo se le indemniza. La magistrada considera que en el expediente "existían informes suficientes que avalaban el poder adjudicar el contrato a la oferta unánimemente mejor valorada hasta el momento por todos ellos" con lo que rebate la decisión que se adoptó y en la que, cree, Lorente jugó un papel fundamental.
OTROS DETALLES
RELACIÓN FAMILIAR
Adjudicación de un servicio público a su hermano Jorge
El auto cita la adjudicación directa del servicio de Parques y Jardines a su hermano, Jorge Lorente. La defensa alega en este aspecto que Lorente no tenía competencias en contratación ya que las había delegado en la junta de gobierno. La jueza le aclara que está investigando si fue así.
DEFENSA
La primera oportunidad para demostrar la inocencia
La jueza defiende la necesidad de que declare como imputada porque, asegura, «es la primera posibilidad que tiene el imputado, asistido por su abogado, de exculparse de los hechos y de poder convencer al juez sobre su ausencia de responsabilidad penal».
INDICIOS
La juez dice que si hay algo no es una irregularidad administrativa
La magistrada corta el paso a la existencia de una mera irregularidad administrativa y lo hace con esta frase: «Tiene razón el recurrente que para la apreciación del delito de prevaricación no basta la mera ilegalidad administrativa, pero es dicha cuestión una de las investigadas, si existe una mera irregularidad administrativa o por el contrario, habida cuenta los indicios obrantes en la causa, lo que existe es un delito».
TIEMPO
Justificación al retraso
La jueza justifica el retraso asegurando que se han pasado dos años, «inmersos más en cuestiones formales que materiales (resolución de los numerosísimos recursos interpuestos».
