Uno de los negocios más lucrativos de la Vega Baja, el de las basuras, en manos de la familia Fenoll a través de Proambiente (propietaria de la planta de Orihuela-Abanilla) desde hace años, está en plena crisis por la "guerra" abierta entre los hermanos que en enero apartaron del cargo de administrador a uno de ellos, a Ángel Fenoll, para nombrar el pasado 1 de febrero un consejo de administración en el que éste está en minoría porque posee sólo una sexta parte del negocio; el resto, es de sus cinco hermanos. Cuando no se habían cumplido ni dos semanas de esa decisión Proambiente notificó a 20 municipios (uno de Murcia y el resto de la Vega Baja, del Vinalopó y de La Marina) que cerraba las puertas a sus basuras porque la empresa que les gestione el servicio, Colsur, propiedad de Ángel Fenoll, no le pagaba. Colsur ha cambiado recientemente de nombre y se denomina Sirem SL (Sistema Recogida Residuos Medioambientales).
Ayer ésta presentó un escrito ante la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia en el que insta a paralizar el proyecto de ampliación del vaso 3 de Proambiente porque, se asegura en el documento, los terrenos sobre los cuales se asientan son de ella y no de Proambiente. Además afirma que nada les debe porque existía un acuerdo tácito entre ambas mercantiles: enterrar basura a cambio de suelo. La "guerra" está servida al punto de que Ángel Fenoll, de salirse con la suya, obligaría a Proambiente a echar el cierre porque no lograr otra autorización de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia de Murcia abocaría al negocio al cierre porque sólo podría separar residuos y eso no sería rentable.
Las primeras consecuencias que tiene esta animadversión que regula en estos momentos las relaciones entre los hermanos las pagarán, probablemente, los trabajadores de ambas empresas porque entre unos y otros están destruyendo dos negocios hasta ahora muy lucrativos. Durante años y mientras Fenoll era imputado en el caso Brugal -que investiga la adjudicación de las basuras de Orihuela o el plan zonal- los hermanos nunca habían salido a la luz pública. La guerra estalló tras negar Proambiente (aún controlada por Ángel Fenoll) la entrada de las basuras de Orihuela a comienzos de 2012 por una deuda entre ésta y la UTE que gestionaba el servicio. Desde entonces no ha habido paz.
Por registro
El Ayuntamiento de Rojales, uno de los trece de la Vega Baja que reciclan su basura en Proambiente, recibió el 15 de febrero por registro un documento suscrito por Ginés Fenoll como presidente en el que se le informaba que Sirem SL (antes Colsur) arrastraba una fuerte deuda, que le habían apercibido para que pagara (sin citar la cantidad, algunas fuentes la elevan a 2,5 millones de euros, otras aseguran que en 2012 fue de sólo 400.000 euros, pero que en cualquier caso sería de 2011 y 2012). Al Ayuntamiento se le explicaba que al día siguiente, el 16 de febrero, la basura de Rojales como la de otros pueblos, no podría entrar al vertedero. "No ha pagado ni tan siquiera una parte que habilite la suspensión temporal de nuestra decisión" se justificaban.
Desde entonces, Sirem está trasladando la basura de todos los municipios afectados a otros vertederos, lo cual corre a cargo de la mercantil que ha perdido un negocio que, probablemente, ya no le será rentable por el incremento de gastos derivados del traslado a otras plantas de reciclaje donde, evidentemente, se cobra mucho más caro. La respuesta de la mercantil llegó ayer a Murcia con la presentación a primera hora de la mañana de un escrito por el que se insta a la Dirección General de Medio Ambiente a paralizar el procedimiento administrativo para la ampliación del vaso 3 (acolmatado como el 1, 2 y 4), mientras el 5 está pendiente de resolución porque, supuestamente, afecta a terrenos protegidos. Sirem explica que es propietaria de esas fincas sobre las cuales Proambiente ha solicitado la ampliación en Abanilla y suman casi seis hectáreas en los parajes Hoya de Lájara y Sierra del Agudo-Los Frailes. "Dichas fincas -explica- fueron cedidas para su uso a Proambiente a cambio de la prestación del servicio de eliminación de los residuos que se recogiesen en los distintos municipios que por concesión administrativa tiene encomendado el servicio".
Desde el 16 de febrero se ha vetado a la mayoría, a excepción de Abanilla, Salinas y Hondón de los Frailes con lo cual afecta a los municipios de Algorfa, Jacarilla, Almoradí, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera, Rojales, Dolores, Granja de Rocamora, Cox, Callosa de Segura, Rafal y Redován, en la Vega Baja: Fortuna, en Murcia; la mancomunidad de La Rectoría, que agrupa a cinco pequeños pueblos de La Marina; y a Hondón de las Nieves, en el Vinalopó. Por ello le notifica que tras la resolución del contrato entre ambas mercantiles "esta parte desautoriza la utilización y uso de sus terrenos para cualquier actividad a desarrollar por Proambiente". Y no sólo eso, Fenoll exige que se les abra un expediente porque, asegura, en la planta de reciclaje se están tratando más toneladas de residuos de las autorizadas.
