La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, en una sesión extraordinaria celebrada el 21 de febrero, aprobó la contratación de un abogado de Benidorm, Jaime Llinares, para llevar el asunto más polémico en estos momentos en el municipio: el desahucio del inmueble del Palacio de Justicia de Orihuela por el impago por parte de la Conselleria del mismo. Una reclamación que asciende a seis millones de euros. Jaime Llinares fue concejal de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm la pasada legislatura y comparte despacho con Fanny Serrano, concejala socialista en Torrevieja y asesora del "bipartito" (PSOE y Los Verdes) de Orihuela, o al menos así aparece en la Guía de Abogados de la Comunidad Valenciana, que edita el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y que viene a ser "las páginas amarillas" de la abogacía.

Preguntada sobre esta cuestión, Fanny Serrano negó que trabaje con Llinares o que sea su socia en ese despacho y aseguró que, aunque lo conoce, utilizó de forma puntual su dirección y su número de teléfono como propios cuando cambió de dirección tras terminar una relación laboral en otro despacho jurídico. Según la concejala, la Guía Valenciana es un documento poco fiable del que es muy difícil darse de baja o cambiar datos; de hecho, asegura que ella sigue figurando allí por los quebraderos de cabeza que le ha dado en varias ocasiones el intentar darse de baja sin éxito.

En cualquier caso, lo que está claro es que Llinares cobrará por este asunto, según el baremo de honorarios profesionales que fija Valencia más de 46.000 euros (al superar el montante que se reclama los 5 millones de euros). A esta cantidad hay que sumar el 21% de IVA y los gastos de procurador. En cualquier caso, alrededor de 55.000 euros, sólo por la tramitación del procedimiento en primera instancia.

Compañero

La demanda se presentó ocho días después de anunciarse por la concejala socialista Antonia Moreno, quien acudió a los juzgados acompañado de su compañero de partido (y también letrado) Antonio Zapata.

La misma, según confirmó ayer información, ya tiene una primera resolución que es la que ha adoptado el juzgado de Primera Instancia 3, que ha decidido declararse no competente para su resolución, al ser un asunto que le afecta directamente (como es su desahucio), al tiempo que se ha enviado al Tribunal Superior de Justicia para que se establezca qué juzgado sería el competente para su trámite y resolución.

A priori, podrían ser los juzgados de Valencia si se fija como criterio de competencia el domicilio del demandado; en este caso, la Conselleria de Justicia. Esos 50.000 euros que le va a costar el pleito al Ayuntamiento de Orihuela -siempre fijados en función de lo que marca el Consejo Valenciano de Abogados- podrían ahorrárselos si el procedimiento se ganara y se condenara en costas a la Generalitat Valenciana (para lo cual el juzgado tendría que observar que ha existido una causa legal, como sería, por ejemplo, obrar de mala fe). Para el caso de que se llegara a un acuerdo antes del juicio, lo que es evidente es que el abogado cobraría una parte de esta minuta en función del trabajo realizado y el momento procesal en el que se encontrara la demanda.

El Partido Popular ya criticó el pasado 21 de febrero el hecho de que el Ayuntamiento de Orihuela contratara a un abogado de otra población para llevar este asunto y, no sólo ese hecho, sino que éste residieran en una comarca distante, "como si en Orihuela no hubiera suficientes abogados", explicaron fuentes populares. Como se recordará, el PP ha solicitado al letrado Emilio Fernández, a la sazón alcalde de Redován por el PP, que presente un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de Elche contra el acuerdo de la junta de gobierno de desahuciar los juzgados.