La Fiscalía de Alicante decidió ayer abrir diligencias por el supuesto uso irregular que concejales, asesores o funcionarios habrían hecho de sus móviles, pagados por el Ayuntamiento de Torrevieja, y entre las que se encuentran llamadas a prostitutas, suscripciones a canales porno, deportes y concursos de televisión o descargas de videojuegos y música, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio Público. La Fiscalía preciso que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos. El fiscal-jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, remitió la denuncia a la Fiscalía de Torrevieja para que se investiguen los hechos y se presente la denuncia, si procediera, en el juzgado. La decisión se produce al cabo de un mes de que el PSOE de Torrevieja presentara una denuncia, concretamente el 7 de enero, ante el Ministerio Público en la que aportaba numerosa documentación con facturas relativas a estos consumos irregulares descubiertos desde 2007.
Tras estudiar la denuncia, el fiscal ve indicios de un posible delito de malversación del artículo 433 del Código Penal que viene a decir que "la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años". También estarían previstas más sanciones en el caso de que el condenado no devolviera el dinero en el plazo de diez días. López Coig señaló que el uso de teléfonos oficiales del Ayuntamiento para llamar a prostitutas, concursos o descargarse contenidos de Internet no tiene nada que ver con la función pública y que estos hechos van más allá del mero uso de los teléfonos con fines particulares. La Fiscalía de Torrevieja podría trasladar la denuncia en breve a un juez para que se investigue.
Usos
La Fiscalía de Alicante recibió junto a la denuncia 25 carpetas y un lápiz de memoria con documentación. INFORMACIÓN publicó el 22 de septiembre del año pasado la primera noticia sobre el mal uso de los móviles, referida al edil Daniel Plaza, desde cuyo terminal se hicieron llamadas a prostitutas, más de 200, entre 2007 y 2012 y a cuenta del erario público. Desde entonces la aparición de nuevos casos ha sido constante. La denuncia describe el montante y el destino de las llamadas realizadas por los ediles populares Plaza (que renunció a su acta en noviembre por este asunto), Javier Montoro (Obras), Eduardo Gil Rebollo (Seguridad Ciudadana) y Agustina Esteve (Comercio), además del exedil de Educación José Manuel Pizana. También aparecen gastos de telefonía ajenos a su trabajo municipal en las líneas de los asesores Graham Knight (Extranjería), Juani López (Fiestas) y José Antonio Vidal (Protección Civil) e, incluso, se añaden facturas de terminales de funcionarios -algunos adscritos a la Policía- que presumiblemente fueron utilizaron para realizar llamadas a concursos de la televisión y descargas de Internet, y de trabajadores a los que el equipo de gobierno no ha identificado.
Entre las irregularidades que aparecen detalladas en la denuncia están las llamadas a prostitutas desde el móvil de Daniel Plaza, conversaciones de Montoro con su novia durante horas, envíos masivos de SMS por parte de Agustina Esteve, llamadas a concursos y servicios de tarificación adicional de Juana López, suscripciones a canales porno de Eduardo Gil o el gasto de mil euros durante un fin de semana de descargas de Internet desde Reino Unido y llamadas diarias a este país desde España por parte de Graaham Kinght. De ellos han devuelto distintas cantidades Javier Montoro (1.314,7 euros), Eduardo Gil Rebollo (688,9 euros), Juani López (1.019,3) y José Antonio Vidal (850,4). Sólo el primero lo hizo de forma voluntaria tras enterarse que el móvil no era de tarifa plana ya que nunca le entregaron la factura.
La denuncia señala además como responsables del control, fiscalización y supervisión de este gasto al alcalde Eduardo Dolón (PP), al concejal de Hacienda y diputado provincial, Joaquín Albaladejo, y al delegado de Nuevas Tecnologías, José Riera, y recuerda que el servicio con Vodafone no estaba amparado en un expediente de adjudicación, pese a que el desembolso municipal supera los 400.000 euros anuales. El PSOE anunció además una ampliación de la denuncia que no ha concretado.
El PSOE muestra su satisfacción y lamenta el "paripé" de Dolón al no "querer investigar"
El Grupo Municipal Socialista mostró ayer "su satisfacción por que la Fiscalía haya decidido emprender acciones contra la supuesta malversación de caudales públicos del uso indebido de los teléfonos móviles" sufragados por el Ayuntamiento por parte de algunos concejales, asesores y otro personal municipal. Los socialistas recordaron que gracias "al trabajo conjunto de toda la oposición" será posible "conocer la verdad y llegar al fondo de la cuestión", lo que, aseguran, "ha sido imposible" desde el ámbito interno del Ayuntamiento porque el PP "se ha negado a investigar los hechos en profundidad para depurar las responsabilidades". Para esta formación el alcalde Eduardo Dolón "se ha limitado a una supuesta investigación interna que ha acabado siendo un paripé, por cuanto fue incapaz de siquiera aportar los datos que le requirieron, no ya a los concejales de la oposición en sesión plenaria, sino también a los medios de comunicación que escucharon sus explicaciones públicas".
El caso de los teléfonos móviles se ha saldado hasta hoy "con la única dimisión de Daniel Plaza, quien se fue negando la evidencia, y la devolución del dinero supuestamente malversado por parte de algún otro implicado, que al parecer ha decidido la cantidad a devolver a su libre albedrío", mantienen. Para el PSOE "ningún servidor público puede ser ajeno a la ilegalidad, bien sea por acción o desconocimiento, que supone la utilización de medios públicos para fines ajenos a su función". APTCe y Los Verdes no quisieron pronunciarse ayer sobre la decisión de la Fiscalía.
