La empresa adjudicataria de recogida de basura y limpieza viaria, Acciona, ha reclamado al Ayuntamiento 690.413 euros derivados del sobrecoste que le supone el cierre de la planta de transferencia de residuos que fue ordenado por la Concejalía de Urbanismo el 6 de marzo. Se trata de una factura que contempla un periodo de 10 meses: desde que se hizo efectivo el decreto de clausura hasta el 31 de diciembre de 2012.
El Ayuntamiento ordenó el cierre de la instalación por no contar con licencia después de avalar durante 7 años su funcionamiento sin autorización, pero aceleró los trámites para ejecutar el expediente de clausura una vez que el PSOE denunció ante la Fiscalía la supuesta concesión de una licencia municipal para un recinto que es ilegal pues estaba en suelo rústico agrícola, en la finca Casa Grande, a escasa distancia del parque natural de Las Lagunas. Los técnicos municipales y el equipo de gobierno argumentaron que fue la empresa la que incumplió el requisito de contar con un recinto legalizado.
En el escrito que la contrata ha hecho llegar al alcalde, Eduardo Dolón (PP), y al que ha tenido acceso este diario se pide que el Ayuntamiento apruebe el pago de ese sobrecoste "a la mayor brevedad posible" porque esta situación "deriva en un gravísimo desequilibrio económico de la contrata, que de forma alguna se puede asumir". El gerente de la mercantil explica que el cierre de la planta impide el desarrollo normal de las actividades del servicio de recogida. Desde que la Policía Local obligó a cerrar las puertas del recinto la empresa ha tenido que reorganizar el trabajo por completo. Cada vehículo de recogida debe transportar la basura directamente al vertedero de Abanilla, con un recorrido que "sobrepasa ampliamente" las tres horas, entre ida y vuelta, lo que supone un aumento de medios humanos, tiempos de trabajo y combustibles. Antes del cierre los camiones dejaban los residuos en la planta ilegal y seguían su ruta por la ciudad, mientras otros de gran tonelaje transportaban esa basura hasta el vertedero de Abanilla.
Una situación, asegura Acciona, que "requiere de la incorporación de una serie de medios no previstos en las condiciones contractuales" y que suponen "un desequilibrio económico de grandes magnitudes para la concesión del servicio". El sobrecoste por tonelada derivado del cierre, siempre según ésta, es de 15,35 euros. Acciona aclara que la recogida de basura estaba estructurada a partir de la existencia de esa planta y de acuerdo con las "condiciones contractuales contenidas en la plica", y afirma que ha puesto en marcha todos estos recursos "en aras del mantenimiento de un servicio público y de interés general, para cumplir con sus compromisos con absoluta diligencia". En la misiva se matiza que han intentado "legalizar la planta" y reabrirla pero se han "topado constantemente" con la negativa "de esta administración".
La multinacional se adjudicó el contrato de recogida de basura en 2004 a cambio de un canon de 9 millones de euros anuales y tiene contrato vigente con el Ayuntamiento hasta mediados de 2014. Ese canon supera en estos momentos los 13 millones de euros anuales, lo que supone más del 15% del presupuesto municipal. En la empresa trabajan unos doscientos operarios. Torrevieja genera anualmente entre 65.000 y 75.000 toneladas de residuos.
El PSOE de Torrevieja aseguró ayer que "el único responsable de la situación creada es el PP. Primero, el exalcalde Pedro Hernández por adjudicar, según han declarado los tribunales, la contrata de forma fraudulenta", aseguró la edil Fanny Serrano. "Y, después, Francisco Moreno ha permitido durante años, primero como delegado de Urbanismo desde 2007; y después, como concejal, que la empresa tuviera una planta de transferencia ilegal que sólo cerró cuando el PSOE y el Ministerio Fiscal presentaron denuncia por la que fue imputado", subrayó.
Ceñirse al contrato
El portavoz del equipo de gobierno Joaquín Albaladejo (PP) explicó que la empresa puede "presentar todos los escritos que quiera". Son ahora los técnicos municipales, dijo, los que analizan si esas cantidades se ciñen a la relación contractual entre el Ayuntamiento y la concesionaria.
"El equipo de gobierno va a pedir que la empresa cumpla con sus obligaciones" y es la empresa, manifestó, la que debió en su día "subsanar" los requisitos que se le exigieron para legalizar la planta. En un principio ese sobrecoste no está contemplado en el canon. La empresa mantiene varios procedimientos judiciales por reclamaciones económicas no atendidas por el Ayuntamiento.
