El gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana confirmó ayer que el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela (antiguo mixto 3) ha rechazado los recursos presentados por la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente (PP), y los concejales David Costa y José Manuel Cutillas (también del PP), entre otros, contra el auto dictado en junio de 2012 por el cual se acordó la declaración como imputados de todos ellos dentro de una de las ramas del caso Brugal; concretamente, la que investiga las supuestas irregularidades en la contrata de la basura de Orihuela.

Como se recordará, Lorente, Costa y Cutilla se negaron a declarar el pasado otoño en relación con esta causa alegando que la magistrada no había resuelto este recurso, algo que consideraban fundamental porque planteaban que no existía causa alguna ya que, de hecho, en las diligencias policiales la propia Lorente ni tan siquiera era citada como responsable de delito alguno.

El TSJ confirmó que la magistrada Ana Belén Cordero, quien asumirá el caso hasta su conclusión como responsable última del proceso -tiene la consideración de Juez de Apoyo Territorial (JAT)- cree necesario para la causa la declaración de todos ellos en el menor plazo posible para evitar más dilaciones en un proceso que se está eternizando.

Acudir

Ahora Lorente y el resto de imputados que no han declarado tienen la posibilidad de recurrir ante la sección VII de la Audiencia Provincial esta decisión o bien solicitar formalmente acudir a declarar cuando la magistrada y el fiscal lo consideren oportuno.

En el caso de acudir a una segunda instancia, la dilación sería de al menos seis meses más en el proceso, según fuentes judiciales consultadas por este periódico.

Este auto no es el único que ha resuelto la magistrada, ya que el exconcejal del PP en Orihuela, Manuel Abadía, también imputado en la causa, había solicitado que se anularan diversas investigaciones policiales con base a que nacieron en grabaciones supuestamente irregulares; concretamente, en cintas que se incautaron al empresario Ángel Fenoll, también imputado en el proceso.