La Fiscalía de Alicante tiene desde ayer por la mañana sobre su mesa 25 carpetas con documentación en la que se denuncia el abuso en la utilización de los móviles oficiales por parte de los miembros del equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Torrevieja, asesores y algunos funcionarios. Desde que este diario publicara el 22 de septiembre de 2012 la primera información sobre el mal uso de los móviles con el caso del edil Daniel Plaza, desde cuyo móvil se hicieron llamadas a prostitutas -más de 200 entre 2007 y 2012 a cuenta del erario público-, la aparición de nuevos casos ha sido constante.
La denuncia, rubricada por la edil socialista Fanny Serrano, consta de cientos de folios en los que se describe el montante y el destino de las llamadas realizadas por los concejales populares Daniel Plaza (que dimitió en noviembre por este asunto), Javier Montoro (Obras), Eduardo Gil Rebollo (Seguridad Ciudadana) y Agustina Esteve (Comercio), además del exedil de Educación José Manuel Pizana. El texto de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía señala además como responsables del control, fiscalización y supervisión del gasto en telefonía que realizan los concejales y asesores con terminal oficial, al alcalde Eduardo Dolón (PP), al concejal de Hacienda y diputado provincial Joaquín Albaladejo y al delegado de Nuevas Tecnologías, José Riera.
Pero la lista de la mala praxis con el móvil no es exclusiva de concejales. También entre los asesores aparecen facturados gastos de telefonía ajenos a su trabajo municipal, caso de los realizados por Graham Knight y Juani López, e incluso se añaden facturas correspondientes a terminales de funcionarios que presumiblemente los utilizaron para realizar, por ejemplo, llamadas a concursos de la televisión y descargas de Internet, y a los que el equipo de gobierno no ha querido identificar.
Sin concurso
Además, las carpetas aportadas hacen constar que el suministro de servicios de telefonía por parte de Vodafone al Ayuntamiento, negociado en su día por el concejal José Sánchez, no fue adjudicado por concurso público pese a la existencia en el mercado de diferentes operadoras que podían ofrecerlo y a que el montante anual del gasto superaba ampliamente los umbrales que exige la convocatoria de un concurso público. El delegado de Nuevas Tecnologías, José Riera, hace alusión a la relación entre la operadora y el Ayuntamiento a través de la existencia de un convenio -que además expira el próximo mes de febrero-.
A toda esa documentación se añade un lápiz de memoria con todas las facturas, copia de las actas del pleno en la que se aprobaron las facturas -las de octubre y noviembre de 2102 sin consignación presupuestaria- o los vídeos íntegros de las intervenciones en rueda de prensa del alcalde Eduardo Dolón para dar explicaciones por este asunto o de la investigación realizada por el equipo de gobierno que se trasladó a los medios de comunicación sin aportar ningún documento por escrito.
Tanto el grupo socialista como Alternativa Popular de Torrevieja -formación que ha analizado el grueso de la documentación registrada ayer en la Fiscalía-, destacan que el tema da para mucho.
Las mismas fuentes indicaron que la decisión de llevar al Fiscal este asunto se adoptó desde el primer día en el que se dio a conocer el asunto y que las intervenciones del equipo de gobierno a la hora de intentar zanjarlo sin asumir responsabilidades políticas han ayudado a completar la documentación para que se esclarezcan las posibles responsabilidades penales.
Supuesta malversación
La documentación no hace una suma total de la supuesta malversación de fondos públicos por el mal uso de los móviles -en cualquier caso varios miles de euros aunque sujetos, algunos, a descuentos-. Ese sería el principal foco de la investigación. Establecer dónde está el límite económico del abuso del móvil oficial para realizar llamadas particulares.
