El Plan Confianza con el que el gobierno de Francisco Camps quiso impulsar el crecimiento económico, crear empleo y construir infraestructuras de primer nivel en la Comunidad Valenciana se ha convertido en una gran losa para los pequeños Ayuntamientos. La Generalitat dio libertad de contratación a los consistorios de menos de 10.000 habitantes para ejecutar las obras y prometía una lluvia de millones para financiar los proyectos. Pero el dinero no ha llegado y las entidades locales se han visto obligadas a asumir la financiación de construcciones megalómanas a través de créditos bancarios que acarrean el pago de cientos de miles de euros de intereses. La situación asfixia todavía más la maltrecha economía de los pequeños municipios.
La Vega Baja fue agraciada con 125 actuaciones repartidas entre sus 27 municipios con un importe que rozaba los 79 millones de euros con cargo al Plan C, según se recoge en las numerosas notas de prensa que la Generalitat enviaba por ese entonces a los medios de comunicación y que todavía hoy se pueden consultar en internet. Las obras comenzaron y con ellas llegaron las visitas de conselleres autonómicos, diputados provinciales, alcaldes y concejales. Fotos junto a las parcelas donde se construirían polideportivos, centros culturales o museos, desplazamientos para protagonizar la puesta simbólica de la primera piedra, convocatorias para seguir la marcha de las obras y brillantes inauguraciones acompañadas de vinos de honor y ágapes que se plasmaron en páginas de periódicos, minutos de radio y reportajes de televisión. La transformación de la fachada de la Comunidad Valenciana a un ritmo tan rápido daba vértigo, pero buena parte del dinero que debía de abonar el Consell para pagar las obras nunca llegó. Los Ayuntamientos, como organismos licitadores, se vieron obligados a asumir la responsabilidad de las deudas.
Meses después de la llegada de Mariano Rajoy al poder, se promulgó un Real Decreto que tenía como fin saldar las facturas atrasadas que las administraciones locales mantenían con los proveedores. Se pretendía así hacer fluir el crédito y generar actividad en las empresas. Por ello, los consistorios valencianos de menos de 10.000 vecinos se vieron obligados a incluir entre sus deudas muchas de las facturas impagadas del Plan Camps, que se sumaron a los créditos solicitados a los bancos a un interés que rondó el 5,7%.
Responsabilidad
"La falta de planificación y esas improvisaciones de la Generalitat las sufren ahora los vecinos, que son quienes pagan las deudas de los Ayuntamientos", critica el portavoz de Alternativa por Catral, Pedro Zaplana, actualmente en la oposición. En términos similares se expresa el alcalde de Rafal, Manuel Pineda, también secretario socialista de la Vega Baja: "El Plan C fue una gran mentira que está asfixiando a los consistorios pequeños. El dinero no llegó y este municipio pagará más de 300.000 euros de intereses. Esta deuda nos ha obligado a subir los impuestos".
En Benejúzar, el partido socialista encabezado por José Antonio Martínez Mirete, presentó en octubre una moción para instar al Consell a asumir el pago de los más de 75.000 euros de intereses que abonarán por no haber recibido el dinero del Plan C. La propuesta fue tumbada con la mayoría de votos del PP.
Rafal, Catral y Benejúzar son solo tres ejemplos de lo que el Plan C ha supuesto para muchos de los pequeños municipios de la Comunidad Valenciana.
