El Departamento de Salud de Torrevieja ha cancelado 14.000 tarjetas sanitarias pertenecientes a residentes extranjeros comunitarios y extracomunitarios que no cotizan a la Seguridad Social. La decisión se ha adoptado siguiendo las directrices de la Conselleria de Sanidad, según la gerencia del Departamento, para hacer cumplir el Real Decreto Ley 16/2012 del pasado abril que busca garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, que, en esencia, deja sin cobertura a los inmigrantes que no puedan acreditar una estancia regularizada en España. La medida, que en la práctica supone un mecanismo de "depuración" y "criba" de tarjetas sanitarias y puesto en marcha para hacer tabla rasa aprovechando ese decreto, está siendo comunicada a los usuarios vía telefónica desde octubre.
Haber perdido la condición de asegurado o beneficiario en estos momentos no quiere decir sin embargo que se pierda el derecho a recibir asistencia sanitaria en España, ya que es recuperable siempre que la persona afectada acredite de nuevo su estancia legal, pero la información que ofrece la administración sanitaria, según varias quejas recibidas en la redacción de INFORMACIÓN, es deficiente y opaca.
El Departamento de Salud de Torrevieja, cuyo gabinete de Prensa remite a la Conselleria de Sanidad a la hora de pronunciarse sobre este procedimiento, envía a los pacientes que buscan información a las instalaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en la Avenida Urbano Arregui, situada en el barrio del Acequión de Torrevieja. Allí los funcionarios reclaman a los usuarios diferentes requisitos para recuperar la tarjeta. Si se trata de personas extracomunitarias, que no cotizan a la Seguridad Social en España, es imprescindible tener el permiso de residencia, entre otra documentación; y si son ciudadanos de la Unión Europea, lo que se solicita es un certificado del país de origen que demuestre que el residente vive habitualmente en España - inscripción en el registro central de extranjeros-, y que no está haciendo uso de los recursos sanitarios por duplicado -los países de la UE regulan las compensaciones por la utilización de los sistemas de salud entre sus miembros-.
Se busca con todo ello evitar atajar el turismo sanitario y el uso fraudulento de la medicina pública que han llevado a cabo algunos miembros de colectivos como el británico. Ahora se exige justificar una residencia mínima de tres meses en España para que los vecinos de la UE que no cotizan en la Seguridad Social puedan beneficiarse del sistema.
50 números al día
Los que finalmente se quedarán sin asistencia de esos 14.000 afectados son los que no puedan acreditar el permiso de residencia. Según el nuevo marco legal sólo serán atendidos casos de enfermedad o accidente grave. Ese es el "ahorro" sanitario derivado de la medida. En el INSS no se ofrece atención sin cita previa y da unos 50 números diarios cuando los afectados por esta medida se cuentan por miles. Izquierda Unida (IU) en les Corts ha solicitado información sobre el modo en el que se está adaptando el sistema a la nueva legislación con varias preguntas al conseller de Sanidad.
Rebaja de ingresos para la concesión
La medida de cancelar de un plumazo 14.000 tarjetas sanitarias en el Departamento de Salud de Torrevieja supone un hachazo a la principal fuente de ingresos del sistema de concesión privada para este servicio público puesto en marcha en 2006. La gestora de los once centros de salud y el hospital se financia en su mayor parte por lo que recibe de la Generalitat por cada una de las tarjetas sanitarias activas: 600 euros anuales por paciente.
En 2009 la concesión recibió por este concepto 103 millones de euros de los 128 millones de ingresos que reconocía en su balance económico anual. El registro de las tarjetas SIP es vital para el funcionamiento de este departamento. La empresa que lo gestiona, formada por dos entidades financieras y una aseguradora, cuenta con una amplia red de oficinas de acreditación en los municipios a los que presta servicio -8 oficinas-, y tiene información puntual de cada baja y alta.
El Departamento de Salud afirmaba hace unos días a este diario que no contaba con cifras sobre los pacientes afectados por la nueva legislación y que se limitaba a seguir las directrices de la Conselleria. La Generalitat por su parte remitía a este diario al departamento de salud para conocer la cantidad de usuarios que en principio han perdido sus tarjetas, y aseguraba que sólo contaba con datos genéricos de la Comunitat.
