El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela (Los Verdes, PSOE y CLr-Claro) convocó ayer pasadas las dos de la tarde un pleno extraordinario y urgente que tendrá lugar hoy, a las diez, en el que el único punto del orden ya se trató, se discutió y se votó (en contra) el miércoles en el pleno ordinario. Se trata de la aprobación del expediente 1/12 de reconocimiento extrajudicial de créditos. Nada hacía pensar ayer que el Partido Popular (PP), quien desde hace meses impone sus mayorías en las votaciones, vaya a decir "sí" hoy a lo que el miércoles dijo "no" al equipo de gobierno y eso es algo que la portavoz, Mónica Lorente, le explicó al concejal de Hacienda, Juan Ignacio López-Bas, en la última sesión quejándose de que no le había entregado parte de la documentación e informes solicitados en que hacían referencia al estado de cada una de las 3.913 facturas que éste quiere que la oposición le apruebe por un montante de 12,4 millones de euros y que, para más inri, ya se pagaron entre mayo y agosto.

También es curioso que más de la mitad de esas facturas fuese generadas por el PP la anterior legislatura y el resto, entre 4 y 6 millones, según las fuentes, por el actual equipo de gobierno. Todas tienen una cosa en común: son extrajudiciales porque no había dinero para pagarlas porque bien se había gastado en otra cosa o no existía la partida.

Prisas

Lo curioso del caso son las prisas que desde el jueves se dibujan entre los miembros del equipo de gobierno, empezando por Juan Ignacio López-Bas y por el alcalde, Monserrate Guillén, porque de no darse una solución al problema a Orihuela le cabrá el dudoso honor de ser uno de los pocos ayuntamientos de España que cerrará el ejercicio con un desfase de 12,4 millones entre lo que se ha pagado y lo que se ha aprobado pagar y eso ocurrirá, precisamente, en el año en el que el Gobierno aprobó el Plan de Ajuste para acabar con las deudas de los ayuntamientos y ponerles en cintura en dos conceptos que ha exigido que sean básicos como es el poner punto final a la morosidad y a los excesos. Pero además el Gobierno puede colocar al Ayuntamiento en una lista de municipios incumplidores y castigarle con no permitir que se acoja a otros planes de pagos en el futuro.

A última hora de ayer, el PP aún no tenía claro ni tan siquiera si el pleno se celebrará porque antes de su inicio deberá ratificarse la urgencia y la portavoz popular aseguró a INFORMACIÓN que nadie del equipo de gobierno se había dirigido aún para tratar este asunto. "Nosotros no tenemos que pagar ni la falta de previsión ni de responsabilidad ni de trabajo de López-Bas porque ha tenido no semanas, sino meses, para llevar este asunto a pleno tal y como lo pedimos y haciendo bien las cosas, pero no lo ha hecho", aseguró Lorente, quien sabedora de su mayoría recordó que además lleva meses reclamando al equipo de gobierno un esfuerzo en recortes, "empezando por sus sueldos, que no se ha realizado, mientras otras administraciones, como la Diputación, y la mayoría de ayuntamientos de la Comunidad han dedicado los últimos meses a recortar los gastos, con lo que eso ha supuesto por desgracia en despidos o suspensión de proyectos, pero este "tripartito" se ha dedicado a aumentar sueldos y a contratar asesoramiento externo".

Proceso

El equipo de gobierno hizo público ayer un comunicado en el que no aclara qué otras consecuencias le puede deparar a Orihuela, pero lo cierto es que se trata de un complejo proceso que la legislación exige que se cierre antes del 31 de diciembre; es decir, antes de acabar el año y si hoy el "tripartito" no convence al PP ya no tendrá tiempo material para hacerlo este año y será un municipio con la etiqueta de incumplidor.

López-Bas precisa hoy el sí a su propuesta para que dé tiempo antes de concluir 2012 al posterior trámite administrativo que incluye desde la publicación en el BOP hasta la resolución de las alegaciones y al cumplimiento de plazos. "Se han hecho gestiones -asegura en un comunicado el Ayuntamiento en el que cita como fuente al propio edil- para intentar desbloquear la negativa de la oposición ante lo que no es más que un mero trámite administrativo necesario cuyo incumplimiento acarrearía consecuencias muy negativas no ya para el equipo de gobierno, sino para todo el Ayuntamiento (...) esperamos que la oposición reconsidere su postura y actúe de una manera responsable pues mantener su negativa les obligará a asumir los perjuicios en exclusiva y serán ellos quienes tengan que explicar este sin sentido a los ciudadanos".