La empresa explotadora de las salinas de Torrevieja y Patrimonio del Estado rubricaron ayer en Madrid, con la presencia del alcalde Eduardo Dolón, un nuevo contrato de arrendamiento de las lagunas, que son propiedad estatal, lo que garantiza la continuidad de la industria salinera hasta 2032.

El Consejo de Ministros del 26 de octubre adoptó este acuerdo. Ambos humedales, de dominio público, están arrendados a la Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja (NCAST) hasta diciembre del 2019. La ampliación del acuerdo permite su explotación 20 años más.

La salinera pertenece al grupo multinacional francés Salins y abona a las arcas del Estado en torno a los tres millones de euros anuales en concepto del canon de arrendamiento por el uso de más de 3.700 hectáreas de dominio público que ocupan las lagunas y sus orillas, que además son parque natural.

Nuevo acuerdo

El nuevo acuerdo contempla tres cláusulas importantes, según subrayó ayer el alcalde, Eduardo Dolón (PP), a INFORMACIÓN. En primer lugar, Patrimonio del Estado se ha comprometido a descontar del canon anual que debe pagar la empresa las inversiones en infraestructuras que se realicen para mejorar la explotación. En segundo lugar, se articula por primera vez el uso público y turístico de este espacio, algo que tanto el Ayuntamiento como la propia empresa han estado solicitando en los últimos años.

Por último, se exige a la empresa salinera que aborde en el capítulo de inversiones algunas prioritarias que garanticen la continuidad de la industria: La realización de un nuevo sondeo (el E-17) en el diapiro de Pinoso que permita seguir extrayendo sal gema que alimente las lagunas -una característica tecnológica única de éstas, lo que le permite extraer producir casi todo el año y que ahora estaba en peligro por el agotamiento de los pozos- y la reparación del saleoducto entre Pinoso y Torrevieja que transporta esa sal gema diluida en agua -una conducción que lleva décadas dando problemas de filtraciones y roturas-.

Entre estas inversiones que deberá realizar la NCAST se encuentra la preservación del patrimonio industrial tradicional, inversiones en mejora medioambiental o la rehabilitación de bienes culturales de cara a impulsar proyectos turísticos relacionados con la actividad salinera. En este sentido es el Ayuntamiento el que está estudiando posibles acciones encaminadas a desarrollar visitas guiadas para dar a conocer esta actividad tradicional e histórica, ajustándose al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural.

Satisfacción

Dolón, aunque no ha participado de forma directa en la negociación, sí ha participado en algunas de las propuestas, mostró ayer su satisfacción por la renovación del acuerdo entre ambas partes, que "da tranquilidad a muchas familias" que todavía dependen del trabajo de las salinas -la empresa emplea a unas 150 personas- y que tiene también trascendencia simbólica para uno de los sectores productivos ligados al origen e historia de la ciudad. El primer edil explicó que la salinera evitaba el uso público de este espacio por el que muchos visitantes expresan su interés no porque la empresa lo prohibiera, sino porque no estaba autorizado ni articulado en el acuerdo de arrendamiento. Para el Gobierno, con la renovación se pretende, por una parte, la salvaguardia del interés público que aconseja redefinir "sus condiciones contractuales para asegurar el nivel de inversión por parte de la NCAST". Por otra, la puesta en valor de las lagunas desde la perspectiva medioambiental, paisajística, cultural y turística y de la propia explotación por la relevancia en cuanto a patrimonio industrial que presentan algunos elementos.

Dolón explicó que está previsto que los responsables de Salins du Midi visiten Torrevieja a finales de mes. El alcalde acompañado por el edil de Medio Ambiente, Francisco Moreno, mantuvo en una reunión con el director general de Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez y después con los responsables de la NCAST.

Preocupación por la llegada de sal "barata"

La renovación de la concesión a la salinera se produce en un contexto donde el mercado nacional de la producción de sal ve con preocupación por el proyecto "Phoneix" de la multinacional israelí ICL Iberpotash, con sede en Cataluña, que podría inundar el mercado de sal barata -en un producto que por sus características ya ofrece escaso valor añadido y precios de venta reducidos-.

Esa compañía pretende producir con facilidad 750.000 toneladas anuales de sal para el consumo humano y otras tantas destinadas a deshielo únicamente aprovechando la sal como un subproducto de las minas de potasa. Por ese motivo, la Asociación Ibérica de Fabricantes de Sal (Afasal), conformada por veinte empresas salineras y presidida por el ejecutivo en España de Salins du Midi, que gestiona de las de Torrevieja, ha denunciado a Iberpotash, también miembro de este organismo, "por las prácticas que pudieran no ser respetuosas con el medioambiente y fueran susceptibles de vulnerar la normativa vigente, y ante la Comisión Nacional de la Competencia. Y es que Iberpotash prevé construir un planta de procesar la sal que en la primera fase de su proyecto inversor de las citadas instalaciones de Phoneix y que generarían una enorme producción anual al utilizar la sal ya acumulada durante muchos años como desecho del proceso de producción de la potasa.

Esta empresa, dedicada a la extracción y comercialización del cloruro sódico en las minas de Suria, y Salleret, (Barcelona) plantea el proyecto como solución medioambiental ya que hasta ahora este residuo de la producción, la sal, se acumulaba originado montañas, al tener un valor comercial diez veces inferior al de la sal común. M. Pamies