La secretaria del Ayuntamiento de Torrevieja, Pilar Vellisca Matamoros, declaró ayer en la segunda jornada del juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana contra el exalcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, por supuesta prevaricación (dos delitos) y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del multimillonario contrato de las basuras en favor de Necso (ahora Acciona). En la testifical, la fedataria pública, aseguró al tribunal que el informe externo que utilizó el alcalde y el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) para adjudicar el servicio era a todas luces innecesario porque, previamente, los técnicos municipales habían realizados hasta seis y todos ellos eran contrarios a la adjudicación por distintos aspectos. Es decir, no había duda entre una u otra mercantil. Para la secretaria cuatro de los seis indicaban que el concurso debía quedar desierto, otro planteaba serias dudas sobre la disponibilidad de suelo y el último cuestionaba las ofertas económicas.
Desde ayer y hasta mañana, a lo largo de tres largas sesiones, declaran el resto de testigos en este proceso contra la gestión de las basuras de Hernández Mateo. Antes de Pilar Vellisca, prestó declaración otro técnico de alto rango municipal: la oficial mayor, Pilar García Francés, quien responsabilizó al también diputado autonómico del PP de haberle encargado por teléfono la inclusión en el expediente de las tres empresas invitadas que realizarían la asesoría externa para decidir el contrato. Algo que según sostiene el fiscal es falso porque tan sólo se invitó a una y ésta apostó por Necso, que era uno de sus clientes. El exalcalde se enfrenta por estos hechos a tres años de cárcel y 21 años de inhabilitación para cargo público. Él proclama su inocencia.
Gesticular
García Francés declaró, sin género de duda, que recibió esa orden, de citar en el expediente a las tres empresas, de Hernández Mateo. Éste, sentado en el banquillo de los acusados, gesticulaba, negaba con la cabeza y sonreía. Además, la oficial mayor explicó que de los 258 expedientes de contratación que se realizaron aquel año, sólo de éste se pidió informe externo y añadió que nunca, durante sus 21 años de trayectoria, se había encontrado con una situación similar.
En cambio, a preguntas de la defensa admitió que era legal y que no llegó a cuestionarla como jefa de Contratación que era.
Tanto García Francés, como la secretaria Vellisca Matamoros, como la auxiliar administrativa, Mari Carmen García Vera -quien también declaró-, remarcaron a preguntas del Ministerio Fiscal que el entonces alcalde era una persona meticulosa, rigurosa, "con muy buena memoria" e incluso corregía los errores de fechas y nombres en los decretos que se le daban a la firma, lo que contrasta con las declaraciones del viernes del acusado en las que éste indicaba que en su labor de alcalde no llegaba a leer la documentación que se le daba a la firma.
García Francés y García Vera subrayaron que no era normal que para un contrato de gasto menor por 12.000 euros aparecieran invitadas tres empresas cuando la ley permite adjudicarlo directamente. "Era un contrato de gasto menor con apariencia de un contrato negociado sin publicidad", concretó García Francés.
Vicente Grima, letrado de la defensa, quien fue ayer mucho más incisivo con los testigos, cuya declaración sostiene el procedimiento, trató de hilvanar un argumento que demuestre que la causa se sostiene en irregularidades administrativas y que, por tanto, no tiene relevancia penal.
Un gasto menor
Las funcionarias que declararon ayer admitieron que el contrato de consultoría era por un gasto menor de 12.000 euros y, por lo tanto, no exigía la consulta de dos empresas más por lo que se podía haber adjudicado directamente. La defensa del exalcalde dio a entender que la oficial mayor -que estuvo imputada en el procedimiento para luego ser exculpada- había cambiado su declaración inicial en Torrevieja sobre este asunto una vez intuyó que iba a ser imputada, responsabilizando con un informe previo a su comparecencia en el TSJ a Hernández Mateo.
La defensa leyó varios pasajes de su declaración en 2009 en Torrevieja en los que indicaba que el procedimiento era normal y que no había detectado nada anómalo. La funcionaria alegó que en aquella ocasión hizo sus manifestaciones sin conocer de qué expediente se le estaba hablando.
