En agosto de 2011, desde los móviles de concejales del equipo de gobierno del Partido Popular (PP) de Torrevieja, se realizaron más llamadas irregulares, con cargo al erario público, entre las que cabe destacar al menos siete a prostitutas -realizadas desde el terminal del concejal de Deportes y Educación, Daniel Plaza- y más de 600 "SMS" (mensajes) desde el terminal entregado al edil de Obras, Javier Montoro, por un montante de 91 euros, según los datos confirmados por este periódico. Este último concejal ha solicitado por registro que se le facilite el montante total de llamadas realizadas a números personales para pagarlas, según ya publicó este periódico.
Estos datos se conocieron ayer coincidiendo con la entrega a la oposición, tal y como prometió el pasado viernes el alcalde, Eduardo Dolón, de toda la información relativa a estas polémicas facturas solicitadas por PSOE, Los Verdes y APTCe de cara a preparar el pleno extraordinario en el que piensan fiscalizar no sólo el gasto en telefonía, sino también aquella parte del mismo que, evidentemente, no tiene un carácter público. El hallazgo de más supuestas irregularidades no sorprendió ayer a ningún cargo público del PP porque, de hecho, si en octubre y en noviembre de ese año ya se habían detectado de forma aleatoria (sencillamente, porque el presupuesto de telefonía se acabó en septiembre y estas facturas tenían que llevarse a pleno para su pago por reparos) nada hacía pensar ni que antes ni después no fuese igual.
Gesto
Como ha venido publicando el periódico, el único gesto realizado por el alcalde, Eduardo Dolón (PP), en toda esta polémica ha sido la apertura de un expediente investigador para aclarar si existen irregularidades y quién las ha cometido. El portavoz del equipo de gobierno, Joaquín Albaladejo, en un pleno hace algo más de un mes aseguró que mientras una parte de las llamadas se está tratando de averiguar quién las hizo (las que forman parte de ese expediente al que hace alusión el alcalde) otras forman parte de una especie de estafa o timo cometido por terceras personas a esos ediles y que, en su opinión, justificaría desde descarga de películas pornográficas a suscripciones a canales premium para ver fútbol de pago o, incluso, la descarga de juegos.
