A mediados de octubre de 2011 el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE), anunció que retiraría de forma inminente las cocheras "ilegales" que habían puesto en pie de guerra a un sector del vecindario y que llevaban años instaladas junto a una gasolinera, siendo alquiladas para guardar coches o trastos y registrando algún que otro incidente, como un incendio, que hacían dudar de su seguridad. Una asociación vecinal le dedicó una rueda de prensa de agradecimiento mientras se reiteraba en acusar al PP de haber prevaricado por no hacer nada.

Pasaron los meses y las cocheras siguieron ahí. Mientras tanto llegó a Urbanismo un requerimiento del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela que pedía el expediente del asunto en la causa seguida, a instancias de los vecinos, contra la exalcaldesa Mónica Lorente y el exconcejal de Urbanismo Antonio Rodríguez Barberá (PP). En mayo de este año Zapata volvió a salir en rueda de prensa, explicó que la demora se debía a que había tenido que resolver las alegaciones de los propietarios y cumplir un dilatado procedimiento para garantizar que todo se hiciera de acuerdo a la ley. Sin embargo, su objetivo seguía siendo cumplir con lo prometido a los vecinos y por ello, tras dar por concluidos todos los trámites, firmó un decreto que instaba a la retirada. En caso de que no lo hiciese el dueño, en un breve periodo de apenas días el Ayuntamiento contrataría a una empresa que retiraría los módulos de chapa y el Consistorio pasaría después la factura a los dueños.

Después el problema estaba en Contratación, porque según el PSOE la exconcejala del ramo paralizaba o demoraba hasta el infinito sus proyectos. Siguieron pasando los meses y el contrato se estancó en Intervención. Y ahora Zapata se ha encontrado con que los dueños han presentado un recurso contencioso administrativo en contra de su decreto en el que solicitan al juez que, como medida cautelar, paralice la retirada de las cocheras hasta que decida si deben estar ahí o no. Esa información la recibió Urbanismo a finales de agosto y Zapata, de profesión abogado, ha comprendido que "aunque el hecho de que se van a retirar está claro, desde el momento que el Ayuntamiento tiene constancia de ese recurso y de la solicitud de esa medida cautelar, si no esperamos a que se pronuncie el juez podría haber lugar después a una indemnización, por lo que aunque nos hemos opuesto a las medidas cautelares tenemos que esperar a que se celebre una vista en el Juzgado de lo Contencioso de Elche".