Una nueva reunión celebrada ayer en Orihuela entre el Ayuntamiento y responsables de las consellerias de Justicia y Hacienda ha calmado las aguas y la concejala de Relaciones Institucionales, Antonia Moreno (PSOE), ha retirado su amenaza de desalojar el Palacio de Justicia. La edil lo planteó como un ultimátum viendo que el edificio lo pagó el Ayuntamiento hace más de cinco años y la Generalitat no ha dado nada a cambio al municipio en todo este tiempo. Sin embargo ahora parece que empieza a haber entendimiento y la edil ni siquiera reiteró ese órdago en la reunión de ayer: "Mientras haya continuidad en la conversación vamos a ser generosos y no se va a ejecutar", dijo.
Moreno se mostró ayer muy satisfecha y aseguró al término del encuentro que la Generalitat por fin ha admitido no solo que tiene una deuda, no solo que debe entregar el edificio de los antiguos juzgados a cambio, sino que además tiene que pagar la diferencia de precio en favor y que la tasación que propuso en verano es injusta. Así, según Moreno, las consellerias reconocen que por el Palacio de Justicia no se debe pagar el valor inmobiliario actual (estas ofrecieron en julio 4,7 millones) sino lo que costó construir el edificio, es decir, unos 6 millones de euros: "Reconocen que nos deben lo que costó construir el edificio como si nos debieran una factura que pagó el Ayuntamiento pero que era suya", aseguró la concejala. Así, según la versión de la socialista al final de la reunión, solo falta ponerse de acuerdo en cuánto valen los viejos juzgados para hacer una simple resta.
Sin embargo, no dijo ayer lo mismo a los medios de comunicación el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi (PP), quien habló de enviar a técnicos de ambas partes a tasar "los" inmuebles: "Hoy hemos avanzado y vamos a proseguir con la valoración de los edificios por parte de técnicos del Ayuntamiento y la Conselleria, no puedo decir que se haya llegado a un acuerdo pero vamos a avanzar en una negociación fluida en la que el escollo es la valoración económica porque discrepamos".
Criterios
En este sentido, y preguntado sobre si estaba dispuesto a subir su oferta o el Ayuntamiento a bajarla, dijo que "ni subimos ni bajamos, esa valoración la tienen que hacer los técnicos, lo que sí vamos a hacer es fijar unos criterios de lo que se tiene que valorar para que no haya discrepancias por cambios de métodos y vamos a hacerlo todo lo rápido que podamos". En ningún momento aceptó que el precio del Palacio de Justicia sea el del coste de construirlo.
En un discurso bastante distinto, la edil socialista aseguraba en la misma sala aunque en comparecencias distintas, separadas por apenas unos minutos, que "la semana que viene tendremos noticias, queremos evitar ir a un peritaje judicial, sobre todo ellos porque son conscientes de que les sería muy desfavorable y de que la orden de ejecución de pago sería inmediata". De momento no se ha concretado si la Generalitat pagaría en metálico, en suelo o en proyectos de obra ni cuándo.
"En negociaciones" en Torrevieja y en Ibi
Como publicó ayer este diario, el caso de Torrevieja es similar al de Orihuela: El Ayuntamiento construyó en 2007 la ampliación de las dependencias judiciales y pagó por ello 3,6 millones de euros, con el acuerdo de que la Generalitat pagaría un canon por arrendamiento hasta que se llegara a un convenio definitivo de adquisición. Ese pago no se ha producido hasta ahora. Antonio Gastaldi, secretario autonómico de Justicia, manifestó ayer que conocía los hechos y dijo que una situación parecida se da en Ibi. En ambos casos "queremos llegar a acuerdos por todos los edificios, se está negociando, la situación no ha sido tan visible porque no ha habido tanta presión por parte de los ayuntamientos como en Orihuela, lo que no significa que bajo esa presión se vayan a alcanzar mejores acuerdos". E. G. B. / D. P.
