Diversas agrupaciones de ciudadanos afectados por la actividad irregular de los vertederos de residuos y plantas de reciclaje de toda la provincia se agruparán en torno a una gran plataforma para coordinar sus reivindicaciones, compartir asesoramiento jurídico y denunciar la falta de diligencia de la clase política para atajar una problemática que afecta a la salud de las personas y al medio ambiente.
El emplazamiento elegido para mantener la reunión en la que se gestó ayer el nacimiento de esta nueva entidad provincial fueron las oficinas municipales de la pedanía oriolana de La Murada. Hasta allí llegaron representantes de asociaciones de perjudicados por la actividad de vertederos de Fontcalent de Alicante, El Campello y Orihuela. También participaron miembros de grupos ecologistas, algunos políticos y vecinos de varias poblaciones.
El lugar es especialmente simbólico debido a que ha sido allí donde la plataforma Vertivega ha mantenido decenas de encuentros durante los últimos meses. Este movimiento vecinal ha contribuido a destapar la presunta actividad irregular de la planta de residuos ubicada entre La Murada y el municipio vecino de Abanilla, en Murcia.
La aparición de centenares de toneladas de basura enterradas sin ningún tipo de control en fincas agrícolas y los lixiviados que rezuman del subsuelo de la sierra oriolana pusieron en alerta a unos vecinos que, desde entonces, luchan por que se investiguen los hechos y se decrete el cese de actividad de la planta, gestionada por Proambiente. Sobre esta mercantil pesan hoy varios expedientes sancionadores que han motivado la clausura de la entrada a las instalaciones mientras continúa una investigación judicial que estudia las irregularidades.
Repercusión
El movimiento vecinal consiguió que diversos medios de comunicación de todo el país se interesaran por los enterramientos de basura sin tratar en La Murada, situación que motivó que desfilaran por la zona concejales de distinto signo político, diputados provinciales, autonómicos e incluso europarlamentarios que han trasladado la problemática hasta Bruselas.
La gran repercusión de lo que está considerado como un caso muy grave de afección al medio ambiente, sumado a que ha crecido el número de asociaciones de vecinos afectados por otros vertederos en el resto de la provincia, ha facilitado que todas estas entidades quieran aunar esfuerzos y agruparse en torno a una plataforma para hacerse más fuertes. El objetivo último es que la Comisión Europea investigue cómo se tratan los residuos sólidos urbanos en las plantas de reciclaje y vertederos de la provincia y que este organismo dilucide si la actividad está perjudicando al medio ambiente y a las personas.
Inacción
Los portavoces de los grupos que ayer se reunieron en Orihuela coincidieron en que gran parte del problema reside en la inacción de la clase política, que durante años ha hecho caso omiso a las denuncias vecinales sobre la actividad de estas plantas.
Critican, además, que los dirigentes den su beneplácito para que lleguen camiones con residuos desde otros puntos de la geografía valenciana sólo porque esa actividad les reporta un beneficio económico.
"Somos el vertedero de la Comunidad Valenciana. Las plantas de reciclaje, construidas muchas veces con subvenciones europeas, están recibiendo cantidades de basura que rebasan su capacidad, por lo que los residuos no se tratan correctamente. Además, la Generalitat no inspecciona estas instalaciones como debería". Así se expresaba ayer Carlos Arribas, miembro de Ecologistas en acción, un grupo que también se integrará en una plataforma a la que todo apunta que se unirán más asociaciones de afectados de otros puntos de la provincia.
Los reunidos ayer coincidieron en que los principales problemas que sufren los vecinos que residen cerca de los vertederos son los malos olores, la emisión de gases contaminantes a la atmósfera o la aparición de lixiviados, que indican que algo no se está haciendo como se debería. La nueva agrupación tratará de promover iniciativas a nivel provincial que obliguen a los ayuntamientos y a la Diputación de Alicante a dejar de mirar para otro lado y adoptar medidas.
